lunes, julio 4, 2022

SAPO O COMPATRIOTA COOPERANTE: la odiosa figura que el madurismo usa para el control social

La administración de Maduro usa al compatriota cooperante para señalar a quien no sea revolucionario o se queje de la situación del país

Quejarse, protestar o expresar libre y públicamente una opinión contraria a Nicolás Maduro en una zona popular de Venezuela «es malo». Puede llevar a una persona a convertirse en el blanco de los «sapos» o «compatriotas cooperantes», aupados por los más altos jerarcas de la actual administración. Con ellos, el madurismo ha logrado un control social pleno.

La figura la promueve principalmente propulsor, Diosdado Cabello. En cada emisión de su programa Con el mazo dando, hace gala de que conoce los movimientos de algún personaje de su interés, a través de estos informantes.

Esta práctica no es constitucional. Pero aún así está extendida por el país, sobre todo en los sectores donde la gente depende de ayudas sociales.

Algunos les llaman comisarios políticos, otros espías, infiltrados, «soplones» o simplemente «patriotas cooperantes», reseña Efe.

El que se viste de esta figura puede ser miembro de un cuerpo de seguridad del Estado. También de organizaciones del partido en el poder o un simple vecino afín al chavismo.

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Desde el 2014

De acuerdo con el abogado constitucionalista José Vicente Haro, la práctica comenzó en 2014. Pero algunas «víctimas» de estos espías señalan que empezó una década antes. En el 2004, los denominados «colectivos» comenzaron a actuar en defensa de la revolución bolivariana.

El dirigente comunitario Manuel Mir, explica que ellos «se encargan de identificar a las personas o líderes que denuncian problemas sociales». También vigilan si hablan mal o critican al Gobierno. Por «los amedrentan» con insultos y hasta los amenazas con armas.

Mir era dirigente social en la parroquia 23 de enero, al oeste de Caracas. Una de las más conocidas en la actualidad por estar controlada por colectivos.

El también historiador tuvo que abandonar su comunidad en 2017. Recibió amenazas en su contra y tras el ingreso forzoso de estos grupos a su vivienda, según relató.. «Yo estuve mucho tiempo» denunciando en la radio «las situaciones en la parroquia. A ellos les molestaba mucho cuando uno decía el problema del agua, de la luzoi de servicios públicos», comentó.

Mir señaló que el hostigamiento constante le dejó daños psicológicos, emocionales y económicos.

En el consejo comunal

Pero no solo se trata de los «colectivos». La figura también tiene su lado menos violento: los Consejos Comunales . Estos últimos se encargan, en muchos casos, de coordinar las ayudas sociales a las comunidades.

Estas personas «son llamadas a participar como patriotas cooperantes. Informan, delatan o exponen a determinadas personas de quienes se sospecha son contrarrevolucionarios», sostiene Haro.

Y el daño más palpable para estos «contrarrevolucionarios» es ser discriminados de los beneficios sociales. Por ejemplo, se retira el apoyo de la caja de alimentos subsidiados. Tampoco se le permite la compra de bombonas de gas doméstico cuya distribución es manejada por los Consejos Comunales.

Pero hay quejas

Sin embargo, el líder comunitario José Gregorio Ochoa, de la parroquia Antímano, señaló que en la «mayoría» de los Consejos Comunales se están quejando de la «grave situación económica» del país. Por ello, se han creado los «jefes territoriales» elegidos «a dedo».

La situación de vigilancia puede darse, además, sobre la prensa. El periodista y también líder vecinal Carlos Julio Rojas, ha sido objeto de varios «ataques», por denunciar problemas de la comunidad.

«Cuando un vecino se queja porque no tiene agua en una cola (fila para comprar) por el pan, los colectivos lo están viendo, o un vecino que se queje en el chat de WhatsApp del edificio o de cualquier barrio popular que hay problemas de apagones él puede ser señalado como opositor (…) nos califican de terroristas», indicó.

Y todos coinciden en que la práctica fue forjada por el Gobierno y reforzada en los últimos años a fin de mantener un control en las comunidades, y limitar las denuncias y las protestas antigubernamentales ante la «pérdida de apoyo popular».

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