La ONG Provea advierte que el período de la actual AN vence el 5 de enero del 2021 y que extenderlo agravaría la crisis institucional de Venezuela
Se sabe muy poco acerca de una posible consulta para preguntar si el venezolano quiere que la actual Asamblea Nacional siga vigente. Esta consulta es evaluada por el equipo del presidente encargado, Juan Guaidó. Sin embargo, ONG’s de Derechos Humanos rechazan esta pretensión.
Tal es el caso de Provea que, en un comunicado, fustigó esa posibilidad. Esto se debe a que la Constitución es clara en cuanto al lapso del cada período del Poder Legislativo. Esta AN, elegida en diciembre de 2015, dejará de funcionar el 5 de enero del 2021.
“Expresamos nuestro desacuerdo con la posibilidad de la continuidad administrativa de la actual Asamblea Nacional posterior al cese de su período el 06 de enero de 2021”, señala la Organización No Gubernamental.
A su juicio, pretender esa extensión “agravará aún más la crisis de la institucionalidad venezolana, independientemente del mecanismo que legitime esta decisión”.
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Por otro Lado, Provea rechazó la idea de las “salidas insurreccionales o que impliquen hechos de fuerza”. También repudia “el aumento de sanciones financieras contra el país que aumenten las penurias de la población”.
ONG a favor del venezolano
Asimismo, la institución exige que los sectores en pugna pongan por delante de sus intereses, la de los todos los venezolanos. “A los diferentes actores del campo democrático la resolución de sus diferencias en un ambiente de respeto”. De lo contrario sumarían “angustias adicionales a las ya padecidas por la ciudadanía”.
Igualmente, Provea anuncia que continuará con el suministro de “información a los mecanismos de protección internacional sobre derechos humanos activados sobre Venezuela. Debe mantenerse y aumentarse la presión diplomática sobre nuestro país para viabilizar la transición a la democracia”, agrega.
Enfatiza en que reclamará que “se adopten las recomendaciones realizadas por los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos”.
Finalmente, ratifica su “voluntad de contribuir a salidas pacíficas y constitucionales al conflicto venezolano. Reivindicamos la necesidad de diálogos a favor de la gente por sus derechos y mejores condiciones de vida”.
