Los 120 presos que están en los calabozos de las sedes del Cicpc, Conas y GNB en Puerto Ayacucho, Amazonas, se encuentran en condiciones infrahumanas
Atención médica, agua potable, aseo en los establecimientos, suministro regular de alimentos y restitución de los procesos judiciales son algunas de las peticiones de los familiares de más de 120 presos en Amazonas.
Los 120 presos están en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de la ciudad de Puerto Ayacucho en el estado Amazonas.
Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), señaló que este grupo de familiares se comunicó con la organización para relatar las penurias que sufren los reos, quienes sucumben ante la desidia penitenciaria y la falta de interés por parte del Estado.
Eduardo Santiago Lozano, de 21 años de edad, murió el pasado 14 de agosto por desnutrición y neumonía.
Así lo confirmó su madre María Florez, quien aseguró que el muchacho tenía cinco meses detenido en el CICPC y en ese tiempo rebajó más de 15 kilos.
“Él era un muchacho delgado, pero no estaba como me lo entregaron. Un hueso forrado de piel, así mismo quedó”, fue la descripción que hizo la afligida madre sobre la contextura física de su hijo, quien en sus últimos días fue aislado por su agravado estado de salud que ya no le permitía caminar.
“Dos semanas antes de que muriera me dejaron acercarme a esa celda y Eduardo me pedía que lo sacara de allí. Ya no caminaba y su brazo medía tres dedos de grosor, se los medí”, dijo la señora María.
Un triste desenlace
Además explicó que el jueves 13 de agosto, un día antes de su muerte, lo trasladaron hasta el Hospital Dr. José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, porque el médico del CICPC emitió la orden “antes de que muriera en los calabozos”.
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La madre manifestó que siempre le llevaba la comida a su hijo, a pesar de no tener los recursos suficientes para garantizar las proteínas.
“Así fuera arroz o pasta, pero lo llevaba”, sentenció la mujer, quien sospecha que los alimentos no eran entregados al joven.
En otro orden de ideas, María Florez denunció que acudió a los tribunales para solicitar una orden de evaluación médica.
Nunca fue atendida porque el trámite debía ser realizado por un abogado.
También clamó por ayuda en la Defensoría del Pueblo, pero “solo me anotaron en un cuaderno y nunca fueron”.
“El día que hospitalizaron a mí hijo acudí nuevamente para ver si lo veían en el hospital y una vez más me anotaron en el cuaderno”.
