“Este es el único país del mundo en donde tener COVID es delito”, aseguró un entrevistado para un trabajo del diario The New York Times que reseña como el régimen criminaliza a los enfermos
Nicolás Maduro aborda el coronavirus como cualquier amenaza interna. Para contrarrestar a este “enemigo” despliega su represivo aparato de seguridad. De hecho, etiqueta a quienes puedan haber estado en contacto con la COVID-19 como “bioterroristas”.
La denuncia se hizo a través de un reportaje publicado por The New York Times. Allí destaca como el régimen “detiene e intimida a médicos y expertos que cuestionan las políticas para enfrentar al virus”.
En el trabajo de investigación, señala el trato que se ofrece a los venezolanos migrantes que regresan al país. “Acorrala a miles de venezolanos que regresan a casa después de perder sus trabajos en el extranjero”. Los mantiene en “en centros de detención improvisados por temor a que puedan estar infectados”.
El reportaje habla de los cientos de “hoteles incautados, escuelas en desuso y estaciones de autobuses acordonadas”. Allí ubican “a los venezolanos que regresan, quienes son obligados a permanecer en habitaciones abarrotadas con comida, agua o cubrebocas limitados”.
Asimismo, denuncia que los mantiene “bajo vigilancia militar durante semanas o meses para hacerse las pruebas de coronavirus“. Incluso, The New York Times alerta que el régimen somete a estas personas a “tratamientos con medicamentos no probados”. Todo respaldado con entrevistas con los detenidos, vídeos y documentos gubernamentales.
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“Nos dijeron que venimos contaminados, que somos culpables por infectar al país”, dijo Javier Aristizábal, un enfermero de Caracas. Relató que pasó 70 días en esos centros luego de regresar de Colombia en marzo.
Coronavirus y casas marcadas
El trabajo reseña como en San Cristóbal, estado Táchira, “los activistas del partido gobernante están marcando las casas de las familias sospechosas de tener el virus. Usan “carteles y amenazándolas con detenerlas”.
Algo similar ocurre en Maracaibo. “La policía patrulla las calles en busca de venezolanos que reingresaron al país sin autorización oficial”. Mientras que los políticos opositores dicen que los amenazan con ser enjuiciados. Esto si denuncian que que hay brotes más allá de los reseñados por el régimen.
“Este es el único país del mundo en donde tener COVID es delito”, dijo Sergio Hidalgo, un activista de la oposición venezolana. Él contó que contrajo la enfermedad y terminó “con agentes de la policía en su puerta acusándolo de infectar a la comunidad”.
