Familiares denuncian incompetencia legal ante la poca investigación sobre los desaparecidos en altamar que tenían como destino Curazao
Se cumplen dos años de una tragedia que conmocionó al país, venezolanos que salieron hacia Curazao en búsqueda de oportunidades se perdieron en el mar.
El último contacto fue a las 6:30 de la tarde del 7 de junio de 2019.
En Puerto Agüide, municipio Piritú del estado, Falcón, 32 pasajeros y 3 tripulantes abordaron un peñero “trompa de ballena” con dos motores fuera de borda.
Su intención, ingresar ilegalmente a la vecina Curazao, huyendo de la crisis venezolana.
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Cada uno de pasajeros habría reunido hasta 400$ para garantizarse un puesto en la embarcación que los conduciría hacia lo que creyeron un mejor destino, informó la ONG, Provea.
“Nuestros familiares tomaron la mala decisión de irse a Curazao, había 10 mujeres en la embarcación y 3 adolescentes de 14, 16, y 17 años de edad”, recuerdan llegados de los pasajeros.
Dos años después de estos hechos, 33 personas que iban a bordo del bote continúan desaparecidas.
Pese a que el incidente fue calificado inicialmente como naufragio, hasta ahora solo se ha encontrado el cuerpo Elio Ramones (45), uno de los pasajeros del peñero.
Autoridades de Curazao lo hallaron muerto cuatro días después en la zona de Bullenbaai (Bahía de Bullen), al sur de la isla.
No hay investigaciones
Los familiares de los desaparecidos informaron a Provea que el Ministerio Público y los Tribunales tampoco actúan diligentemente para investigar los hechos y determinar responsabilidades.
Añaden que los tripulantes de la embarcación y miembros de cuerpos de seguridad de la región, estarían involucrados en delitos relacionados con el tráfico de personas.
“Hasta ahora hay dos personas detenidas conocidas como los hermanos “Picapiedras” por su supuesta vinculación en los hechos”.
Sin embargo, hubo ocho diferimientos para celebrar la audiencia preliminar y una increíble incompetencia por parte de los fiscales del Ministerio Público.
Entre los delitos está la Trata de Personas, sin embargo, la investigación continúa ya que estas personas fueron agarradas al inicio del caso.
Se logró gracias a insumos e indicios que proporcionaron los familiares de los desaparecidos a las autoridades.
Pero tampoco saben las diligencias de rastreo y búsqueda de sus parientes.
Un denominador común
Según la ONG Fundaredes, al menos 150 personas desaparecieron tras abordar tres embarcaciones en 2019.
Los familiares de los desaparecidos se han organizado en el Comité Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada en Altamar, para promover acciones de exigibilidad y solidaridad entre los afectados.
