La empresa Smartmatic acudió a un tribunal de arbitraje internacional para exigir la reparación de los daños causados en su contra, tras las elecciones de la ANC en el 2017, cuando denunció que dio resultados que ellos no avalaron
La empresa especializada en procesos electorales Smartmatic no estaba muerta y menos de parranda. Este martes reapareció y con una demanda contra la administración de Nicolás Maduro, por fraude.
La información se conoció a través del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), donde la multinacional proveedora de sistemas de voto electrónico reclama unos 1.500 millones de dólares a Venezuela por “un fraude” que data del 2017 y es por la expropiación de activos,
La demanda de arbitraje se produce por las votaciones del 30 de julio de 2017 para la Asamblea Nacional Constituyente, órgano que tomó las atribuciones del Parlamento cuando estaba controlado por la oposición.
La compañía Smartmatic, que suministró la tecnología para llevar a cabo esos comicios, acusó a las autoridades electorales venezolanas de “manipular” los resultados. Lo hizo “para inflar la participación en medio de alta abstención”.
“La multinacional británica SGO Corporation Limited, de la que forma parte Smartmatic, ha presentado una demanda de arbitraje de inversiones contra Venezuela (…) en relación con un fraude electoral” y “activos expropiados a la empresa”, se lee en la nota publicada por el CIAR.
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Las razones
Según la solicitud, “en el proceso electoral a la Asamblea Constituyente de 2017, el Gobierno venezolano decidió no utilizar varias de las medidas de seguridad electoral que habían sido usadas en otros procesos”, señala el escrito.
“Al final de la consulta reportó unos resultados distintos a los reflejados en el sistema electrónico de Smartmatic. Además, se anunciaron resultados de participación muy por encima el número de los reportados en el sistema de la empresa”, agrega.
Tras las elecciones de la ANC, Smartmatic dijo que el reporte oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) de 8,1 millones de votantes, sobre 19,4 millones convocados, fue manipulado, provocando una variación que podría superar el millón de votos”.
Recuerda que “en julio de 2020, Smartmatic hizo un comunicado público aclarando que desde 2017, se encuentra en un proceso de querella contra el gobierno de Nicolás Maduro por el fraude de reporte cometido en la elección a la ANC y los activos expropiados a la empresa ese mismo año”.
La empresa remarcó que no tuvo “trato alguno con el CNE ni con sus proveedores, ni con ExClé, la empresa integradora argentino-venezolana que provee el soporte al ente electoral en Venezuela desde el 2017”.
El arbitraje contra Venezuela
El CIAR sostiene que la petición de arbitraje establece “la violación al Tratado que tiene su origen en la represalia directa de Venezuela a la negativa de Smartmatic de guardar silencio ante ese fraude electoral ejecutado por las autoridades electorales”.
A esto se suman “las denuncias de los ejecutivos de Smartmatic sobre las irregularidades detectadas en los resultados reportados por dichas autoridades electorales”.
Campaña contra Smartmatic
En consecuencia, SGO denuncia que Venezuela desató “una campaña de persecución contra Smartmatic”, que incluye:
(a) Hostigamiento y las amenazas contra la seguridad, vida e integridad de sus empleados y bienes, para forzar a Smartmatic a avalar y certificar resultados electorales falsos y volúmenes de participación inexactos.
(b) Extorsión, asedio y retaliación mediante la falta de cumplimiento deliberada y arbitraria de una serie de pagos contractuales que hoy en día Venezuela todavía le debe a Smartmatic, pagos que se generaron por los servicios que Smartmatic efectivamente prestó a Venezuela.
(c) Expropiación indirecta de la inversión de Smartmatic en Venezuela, al obligarla a realizar actos de disposición de sus propios activos tangibles e intangibles para beneficiar a otra empresa extranjera que se lucra y beneficia a sus expensas.
