Las ONG FundaRedes y Provea aseguran que aunque las sancionen no darán los datos de sus beneficiarios
Informan allí donde escasean las fuentes oficiales, atienden a enfermos, a presos. Simplemente, velan por los derechos humanos de los venezolanos. Las ONG se han convertido en un escalón fundamental de la sociedad. Pero el oficialismo las persigue, insinúa que tienen vínculos terroristas y estudia una normativa que consideran inasumible.
“Pareciera que en Venezuela, cada vez más, ser solidario se convierte en un factor de riesgo”. Así lo denuncia Marino Alvarado, miembro de Provea, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos.
La providencia que amenaza
Hay una regla que la administración de Nicolás Maduro ahora les impone a las ONG y que estas consideran una amenaza. Se trata de una providencia administrativa que las obliga a registrarse ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo.
Frente a ello, Alvarado denuncia que esta resolución “deja en la responsabilidad” de las ONG demostrar que no están “involucradas ni en la promoción ni en actividades de delincuencia organizada ni de terrorismo”.
“Es decir, aquí la presunción no es de inocencia, sino de culpabilidad”, subraya Alvarado, en entrevista con la agencia Efe.
Sin embargo, considera que esta normativa es “la continuidad de una política” de Estado. La misma implica “ir cerrándole espacios a organizaciones de la sociedad civil que reivindican su autonomía frente al Estado”.
Esa política, para el activista de Provea, comenzó hace dos años . Lo hicieron “con obstáculos para el registro de nuevas organizaciones. Después, impidiendo que organizaciones puedan registrar las actas de asambleas y el cambio en sus directivas”. Y finalmente planteando “a los bancos que deberían controlar y vigilar las cuentas” de las ONG.
“Y esta (última) resolución no solamente tiene que ver con buscar un control de la cooperación que se recibe y el uso de la misma. También de quienes son los beneficiarios”, sostiene.
Ahí recae una de las principales críticas de las organizaciones. Conforme a esa normativa, deberán informar a quienes prestan ayudan.
Alvarado comenta que en Venezuela hay “una amplia experiencia de discriminación por razones políticas”. Por ello considera que dar los nombres “implicaría un riesgo”.
Con ese registro, cree que se puede exponer “a personas que aparezcan como beneficiarias de organizaciones que el Gobierno puede calificar como enemigas”.
Frente a esa situación, se expondrán a sanciones, pero no darán los datos.
En medio del conflicto
Si una organización ha ganado impacto en Venezuela en el 2021 es FundaRedes. También se dedica a la defensa de los derechos humanos en el estado Táchira. Pero que cada vez tiene más presencia en todo el país.
Gracias a sus trabajadores sobre el terreno, se convirtieron en una fuente clave para conocer lo que sucedía en Apure. Allí desde el pasado 21 de marzo estallaron combates entre militares y disidentes de las FARC que no han concluido.
Desde entonces, las fuentes oficiales y castrenses han dado datos a cuentagotas. Ha sido Fundaredes la que ha informado a quién combaten, qué cuerpos están involucrados en los enfrentamientos. También ha recogido diferentes denuncias de ejecuciones extrajudiciales y actuaciones ilegales.
“Las ONG se convierten en un elemento principal por la imposición del miedo como política. Esto por la arbitrariedad que hay en el país. Se han cerrado liderazgos, sectores, gremios, colegios de profesionales, sindicatos o partidos”, explica el director de Fundaredes, Javier Tarazona.
Para el activista, las asociaciones suponen “una acción transversal, emergente de la sociedad civil como respuesta a la crisis”, No duda en afirmar que, por eso, “hoy están en la mira de quienes ostentan el poder en Venezuela”.
Tarazona y Fundaredes, al igual que Alvarado y Provea, son con frecuencia señalados por el oficialismo. Especialmente, por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en su programa semanal “Con el mazo dando”.
El coordinador de Fundaredes explica que esas acusaciones no son inocuas. Cuando sucede, “el nivel de hostigamiento aumenta”.
“Yo he contabilizado, solo contra mi integridad, en los últimos diez años, más de 15 atentados que no son públicos. Por la propia seguridad no decimos”, asegura.
Como en Provea, Tarazona explica que en Fundaredes están “negados a exponer a las víctimas” dando sus datos.
“Es un compromiso de vida, es un compromiso de códigos superiores a una legislación o sublegislación”, explica.
Sin embargo, son conscientes de que si no facilitan esa información se exponen a sanciones. Detalla que entonces se cerraría una ventana, puesto que han informado al mundo de la presencia de grupos armados en el país, entre otros asuntos, y sus reportes han llegado ante la Justicia internacional.
Es una decisión -“nos negamos a ser los sapos (soplones)”- que les expone a una posible desaparición, lo que cerraría una ventana de información, de denuncia y de atención a la salud o protección de los derechos de millones de venezolanos.
