El ránking de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) elaborado por la Americas Society /Council of the Américas, evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para descubrir, castigar y detener la corrupción
La lucha para combatir la corrupción en América Latina experimentó una nueva ola de retrasos el pasado año. Se trata de una de las consecuencias de la pandemia de coronavirus. En este sentido, Venezuela ocupa el último lugar en su capacidad para luchar contra este flagelo.
Así lo determinó la Americas Society /Council of the Américas (AS/COA) y Control Risks, que dio a conocer el índice CCC 2021, en Londres.
Se trata de una empresa de consultoría especializada en riesgos globales que lanzó, por tercer año consecutivo, este ránking de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC). Su finalidad es evaluar la capacidad de los países latinoamericanos para descubrir, castigar y detener la corrupción.
Entre los hallazgos más destacados este año figuran que Uruguay es el país con la puntuación más alta (7.80/10). Le sigue Chile (6.51), Costa Rica (6.45), Perú (5.66), Argentina (5.16) y Brasil (5.07).
Luego viene Colombia (4 .81), Ecuador (-4 77), Panamá (4.55), la República Dominicana (4.38), México (4.25), Paraguay (4.08), Guatemala (3.84), Bolivia (2.43) y el último es Venezuela (1.40).
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Más necesarios que nunca
Ese ránking revela que “los esfuerzos para combatir la corrupción son más necesarios en 2021 que nunca”. Así lo aseguró en un comunicado, el vicepresidente de política de la AS/COA, Brian Winger.
“América Latina ha estado entre las regiones más afectadas por la pandemia”, opinó. Señaló que “con los gobiernos bajo una creciente presión financiera y los sistemas de salud en muchos países gravemente afectados, los efectos perniciosos de la corrupción en la sociedad se amplifican”, señlaló en nota de Efe.
La clasificación cubre 15 países de América Latina que representan casi 95 por ciento del PIB de la región. Los evalúan y clasifican según la eficacia con la que pueden luchar contra la corrupción. Aquellos con mayor puntuación se consideran más propensos a ver actores corruptos procesados y castigados.
Los detalles
El índice CCC detecta que 5 de los 15 países evaluados registraron disminuciones significativas en sus puntuaciones. Otros 7 se quedaron sin cambios y tres aumentaron de manera notable. Emtre estos se encuentran los dos países y economías más grandes de América Latina: Brasil y México. Ellos sufrieron algunas de las caídas más bruscas.
Brasil cayó del cuarto al sexto puesto. Registró una bajada del 11 por ciento en la categoría de democracia e instituciones políticas. Allí el estado de las relaciones ejecutivo-legislativo es un factor clave, según este informe.
En cuanto a México, su puntuación cayó 7 por ciento en 2021 y pasó del octavo al undécimo lugar. En este caso, pesaron variables como las que miden la independencia de la Fiscalía General y de las agencias anticorrupción.
El mejor y el peor
Por el lado contrario, la República Dominica es uno de los que más mejoró y pasí del 13 al 10. Allí hubo avances significativos en la categoría de capacidad legal. “Es el reflejo de un impulso anticorrupción del presidente Luis Abinader”, según explica el documento.
Uruguay, Chile y Costa Rica reflejaron estabilidad en esta edición por la calidad de la democracia y la fortaleza de sus instituciones políticas. Lo mismo pasa en Perú, pese a la turbulencia política de finales de 2020.
Por otra parte, el informe destaca que Panamá y Ecuador experimentaron mejoras considerables en su capacidad legal. Mientras que los aumentos percibidos de politización de las instituciones anticorrupción redujeron las puntuaciones de Argentina y Colombia.
El índice CCC apuntó que Guatemala bajó del 11 al 13 y cayó 5 % este año y 16 % desde 2019. Mientras que Venezuela sigue en la posición más baja.
Por su parte, Geert Albers, socio de Control Risks, considera que el ránking revela “esfuerzos anticorrupción desiguales y crecientemente politizados en muchos países de América Latina”.
A su juicio, esto pone de manifiesto “la necesidad de que las empresas actualicen sus evaluaciones de riesgo y recalibren y refuercen sus programas de cumplimiento”.
Para elaborar el índice, se analizaron 14 variables claves. Te tomó en cuenta la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco.
El lamentable caso venezolano
Antes de la llegada de la COVID-19, en marzo de 2020, Venezuela padecía ya los estragos Emergencia Humanitaria Compleja. La misma tiene su orogen en el patrón de gran corrupción que se instauró en el país durante las dos últimas décadas.
Así lo afirma la ONG, Transparencia Venezuela, en su informe: Corrupción en pandemia. La tragedia de Venezuela más allá de la COVID-19, publicado en abril.
En ese contexto, “era difícil pensar que podían aumentar los riesgos de corrupción, el abuso y los casos de saqueo del patrimonio público nacional”, señala.
No obstante, “el análisis realizado por expertos a los decretos de emergencia aprobados antes y durante la pandemia, reveló que en este lapso se incrementaron los ya alarmantes riesgos de corrupción”.
Es más, “hubo un repunte de casos de pequeña y gran corrupción que vulneran aún más los maltrechos derechos de los venezolanos”, remarca Transparencia.
A esta realidad “se suman los enormes vacíos de información oficial en torno a las contrataciones públicas realizadas para atender la pandemia”.
La ONG denuncia que esta situación “ha brindado oportunidades para la discrecionalidad y los abusos. La opacidad está presente también en el proceso de adquisición de vacunas y en el plan de inmunización para proteger a la población contra la enfermedad”.
