Más de 90 organizaciones no gubernamentales en Venezuela, solicitaron al presidente colombiano Gustavo Petro que interceda ante Nicolás Maduro para que desestime el proyecto de ley que pretende aprobar el chavismo para regular e ilegalizar a las ONG. Las organizaciones advierten que de ser aprobado este instrumento legislativo, aumentará “dramáticamente” las solicitudes de asilo político y refugio en el país vecino
Un total de 93 organizaciones de la sociedad civil de Venezuela enviaron este jueves una carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para solicitar su intervención ante las autoridades con el fin de que desestime el proyecto de ley para fiscalizar la actuación y financiación de las ONG.
La petición fue realizada a través de una carta en la que expresan la preocupación por un posible éxodo de defensores de derechos humanos hacia Colombia porque incrementarán en números significativos las solicitudes de asilo y refugio en los países vecinos de acogida.
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Según Diosdado Cabello, en Venezuela funcionan ONG que son financiadas por países como Estados Unidos para desestabilizar al Gobierno.
A través de este documento piden a Petro que aliente, conforme a la Constitución venezolana y los tratados internacionales de derechos humanos, el reconocimiento y facilitación del derecho a la libre constitución, funcionamiento, actuación y formalización de la personalidad jurídica de todas las formas de asociación sin fines de lucro.
Cabe recordar que Colombia es el país que ha recibido un mayor flujo de refugiados y emigrantes venezolanos en el mundo, actualmente con una cifra aproximada de 2.48 millones, de acuerdo con Migración Colombia, por esta razón en busca de no incrementar la cifra el papel del país vecino supone de gran importancia.
Las ONGs juegan un papel importante en la defensa de los derechos humanos y en la promoción del desarrollo social y económico en el país. Esperemos que el presidente Maduro escuche las peticiones de estas organizaciones y reconsidere este proyecto de ley. Asimismo, es importante que los líderes regionales trabajen en conjunto para encontrar soluciones que permitan garantizar la protección de los derechos humanos en la región.