El pasado cinco de noviembre llegó de forma ilegal a Trinidad y Tobago un bote cargado de 16 personas, la mayoría niños. Estos fueron llevados a un calabozo, como si fueran delincuentes.
En un hospital de Siparia, al sur de Trinidad, les practicaron las pruebas del COVID-19. Y aunque salieron negativo, los llevaron de vuelta al calabozo. Mientras tanto, la doctora Narcisa Mohamed, intentaba impedir su deportación.
La abogada, exparlamentaria de Trinidad tomó el caso de estos niños y llevó un documento a Migración. Sin embargo, autoridades de ese país, aseguraron que no podía recibirlo, porque sólo estaban trabajando medio día.
En un intento desesperado de evitar la deportación, Mohamed hizo público el escrito y solicitó ante el tribunal un habeas corpus: una liberación inmediata para los niños sin llevarlos a juicio.
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Sin embargo, Migración ordenó la deportación para este domingo sin siquiera esperar la decisión de la corte. “El problema más grave es a quién le entregan esos menores de edad”, señala Karla Henríquez, ministra permanente del Parlamento internacional para los derechos humanos (PIDH) ante Canada
Algunos de estos menores de edad viajaron solos o con acompañantes que no eran sus representantes. En Trinidad y Tobago algunos padres esperaban a sus hijos, registrados por la amnistía del Gobierno y por ACNUR.
En este último solicitaron la protección internacional. “Eso demuestra la fragilidad y la vulnerabilidad que hay en Venezuela, y la crisis humanitaria. (A los venezolanos) no les importa atravesar el mar con tal de encontrarse con sus familias y tener un poquito lo que no tienen en Venezuela”, apunta Henríquez.
Agrega que el gobierno trinitario “se empeña en desconocerla y en tratarlos como migrantes; ellos no son migrantes, son buscadores de protección internacional, buscadores de asilo (…) El gobierno trinitario no reconoce los tratados que ellos mismo firmaron”
Deportación inhumana
Los agentes de Trinidad ordenaron que los niños fueran deportados y trasladados en un bote. Además de haber algunos infantes con condiciones médicas, actualmente hay una alerta climática para Venezuela y Trinidad y Tobago. Pese a esto, los llevaron a “un botecito que no llega ni a Curiara”, cuestiona Henriquez.
La abogada encargada del caso junto a la activista de DD.HH. Yessenia Gonzalez están en respuesta de la corte.
