Aunque hubo una reducción de las protestas, el Observatorio Venezolano de Conflictividad detectó un promedio de 17 manifestaciones por día en los tres primeros meses de este año
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1.506 protestas en los primeros 90 días de 2021. Esto es equivalente a un promedio de 17 diarias. Esta cifra representa una disminución del 24% en comparación con el mismo período del año pasado.
La información la dio a conocer el OVCS, cuando Venezuela cumple un año desde que se decretó el estado de alarma por la COVID-19. Asegura que el profundiza la Emergencia Humanitaria Compleja e incrementa las restricciones a las libertades ciudadanas.
La ONG sostiene que los motivos de las protestas van desde exigencias laborales, déficit en el sistema de salud y alimentación, hasta servicios básicos cada vez más colapsados.
“En el último año se suma la escasez de combustible que afecta transversalmente el desarrollo del país en todas las áreas. Aunado a esto, las familias venezolanas deben sortear escenarios con mayores limitaciones. Las mismas no les permiten una vida digna, donde todos sus derechos estén garantizados”, agrega.
También alerta que “cada vez es más difícil para el venezolano mantener las mínimas condiciones de vida. Aspectos fundamentales como salud, alimentación y vivienda, constituyen el motor de las protestas sociales”.
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Los motivos
La ONG destaca que de las 1.506 protestas, 1.144 estuvieron relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto representa 76%, del total de las exigencias registradas en este periodo.
“362 protestas se relacionan con derechos civiles y políticos. Esto se traduce en 24% del total de protestas registradas en los primeros 90 días del año. Período donde continuó la persecución, estigmatización y criminalización a defensores de derechos humanos y periodistas”, denunció.
De igual forma, las personas privadas de libertad y sus familiares son víctimas de la negligencia del sistema judicial, que está viciado de irregularidades en el manejo de los lapsos exigidos en la ley.
Se suma la incapacidad de las autoridades por atender oportunamente los casos, lo cual recrudece las condiciones de reclusión de estas personas, dejando de lado sus derechos fundamentales.
