La ley que pretende modificar el esquema tributario y ajustar las cuentas fiscales en Colombia buscar recaudar más de 25 billones de pesos
El pasado lunes #08Ago, los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo, y del Interior, Alfonso Prada, radicaron en la Secretaría de la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 118, titulado “Reforma tributaria para la igualdad y la justicia social”, que apunta a hacer más equitativo el sistema tributario y combatir la evasión, para generar recursos hacia una política en favor de los sectores menos favorecidos.
La meta de recaudo para el próximo año es de $25,88 billones, de los cuales las personas naturales aportarán $8,12 billones, es decir casi un tercio (31,3%)
La propuesta que se debatirá en el Congreso propone limitar los beneficios tributarios para las personas que tengan ingresos superiores a los $10 millones mensuales, y que tan solo representan el 2% de la población (ver gráfico).
También se mencionó que ningún pensionado que gane $10 millones o menos, solo por ese concepto, va a pagar Impuesto de Renta de Personas Naturales (IRPN).
Se afectaran todos
Según el ministro Ocampo los más afectados serán quienes reciben más de $45 millones mensuales que pasarán de una tributación del 15,2% al 22%, y los que perciben más de $140 millones que subirán del 16,4% al 25,7%.
“El mayor aumento será para unas 34.000 personas, o ultraprivilegiados”, expresó el ministro de Hacienda, en referencia a quienes van a ser los más “perjudicados” por la reforma o, en otras palabras, quienes “van a hacer la contribución adicional al desarrollo social colombiano”.
Las personas con patrimonios superiores a los $3.000 millones pagarán una tasa que arranca en 0,5%, mientras que aquellos con patrimonios superiores a los $5.000 millones pagarán el 1%.
Pero pese a las afirmaciones del ministro en el sentido de que serán 34.000 personas las que hagan el mayor esfuerzo, es claro que algunas de las ideas consignadas en la iniciativa terminarán sintiéndose en el bolsillo de todos los colombianos, de ser aprobadas por los congresistas.
Es así como la exposición de motivos contempla el establecer el impuesto a los alimentos ultraprocesados y con alto contenido de azúcares añadidos, que corresponderá a un tributo con una tarifa del 10% sobre el precio de venta del bien, el cual será recaudado por el productor en la entrega en fábrica o en planta para su distribución, y posterior venta, lo que generaría recursos por $2,11 billones, en 2023.
En ese escenario, el texto radicado en su Capítulo 5 apuesta por la creación de los impuestos saludables, lo que abarca bebidas ultraprocesadas azucaradas, entre las que figuran bebidas a base de fruta en cualquier concentración, zumos, néctares de fruta, gaseosas, refrescos y aguas saborizadas.
También se gravaría el consumo a productos comestibles ultraprocesados industrialmente como carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; papas fritas, patacones, chicharrones y pasabocas empacados, galletas dulces, barquillos, obleas, ponqués y tortas, bizcochos y pasteles de dulce y merengues.
Este impuesto aplicaría incluso a este tipo de productos importados, y se causaría en el momento en que los mismos sean nacionalizados en aduanas por la Dian, para su posterior venta en el territorio colombiano.
No obstante, se anotó que “considerando la importancia de algunos de estos productos en la canasta básica de los hogares colombianos, algunos bienes no serán gravados por este impuesto para no afectar el ingreso de los hogares más vulnerables, entre los que se destacan la mortadela, la butifarra y el salchichón”.
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Otros Recaudos
Según el proyecto, otros $5,56 billones del recaudo del impuesto de renta a las personas jurídicas, y una de las grandes novedades serán los $5,87 billones que se espera obtener con los impuestos que se aplicarán a las exportaciones de petróleo, carbón y oro.
A juicio de la cartera de Hacienda lo que se intenta es redistribuir los beneficios que generan los altos precios de estas materias primas.
Para ello se establece un impuesto a la exportación de estos productos equivalente al 10% del exceso sobre un precio base. Es decir, si el precio del petróleo es de US$95 por barril y el precio de referencia (que fije la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH) es de US$48, el impuesto aproximado es del 4,6% a las exportaciones extraordinarias.
Para el Gobierno este impuesto no desestimularía la inversión extranjera y por el contrario incentivará inversiones extranjeras en sectores productivos diferentes al de petróleo y minería.
“Este proyecto tiene como objeto avanzar fundamentalmente en dos dimensiones: primero, en disminuir las exenciones inequitativas de las que gozan las personas naturales de más altos ingresos y algunas empresas, así como cerrar caminos para la evasión y la elusión tributaria; y segundo, en lograr la consecución suficiente de recursos para financiar el fortalecimiento del sistema de protección social”, se lee en la iniciativa que fue radicada.
Para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco (federación Nacional de Comerciantes), la reforma presentada es muy ambiciosa, y destacó que se concentre más en las personas naturales que en las empresas, aunque sí sobre los empresarios por los aspectos referentes a dividendos y ganancias ocasionales.
“Creemos que sobre los trabajadores asalariados también habrá un efecto importante, habría que revisar las tarifas, pues será necesario que no se genere un desestímulo al ahorro y la inversión por parte de los colombianos”, declaró el dirigente gremial.
La directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana María Claudia Lacouture, abogó porque el mayor sacrificio que harán las personas naturales y las empresas para lograr los objetivos de la reforma tributaria, vaya de la mano con un claro paquete de austeridad en el gasto público, y una estrategia para combatir la corrupción por donde también se van los recursos que el país necesita con urgencia en estos momentos”.
Impuestos ambientales
En lo concerniente a impuestos ambientales la reforma implementará el impuesto nacional al carbono, definido como “un gravamen que recae sobre el contenido de carbono equivalente de todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados del petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean usados para combustión”.
Según las cuentas, por este concepto se recaudarían $433.000 millones cada año, y la tabla de tarifas incluye $208 por galón de acpm; $181 por galón de gasolina; $42 por metro cúbico de gas natural y $52.215 por cada tonelada de carbón.
Otro rubro que comprende este capítulo es el del impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, lo que podría incrementar los precios de la canasta familiar y ejercer más presión sobre el bolsillo de las familias.
De acuerdo con Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, el gremio que reúne y representa a las empresas de las cadenas productivas del plástico, “esta decisión va en contravía de las mismas metas del gobierno nacional de erradicar el hambre, puesto que el impuesto recaerá sobre los productos empacados, es decir, sobre leche, queso, carnes, pollo, pan, galletas, fríjoles, lentejas, cereales, aceites, harinas, café, sal, azúcar, panela, también las bebidas y los productos de aseo y limpieza, entre muchos más”.
Añadió que hay que tener en cuenta que el empaque plástico representa, en promedio, cerca del 5% del valor del producto, con algunos casos que pueden llegar hasta el 19%. En la mayoría de los casos, no existen empaques sustitutos en otros materiales y, si los hay, tienen precios 2 o 3 veces más altos.
¿Y el IVA qué?
Al proponerse la eliminación de los tres Días sin IVA, el Ministerio de Hacienda sostiene que esto generaría un recaudo de $595.000 millones al año.
Por su parte, Fenalco insistió en la necesidad de que esta figura se mantenga y pidió al Gobierno aceptar una discusión al respecto.
El proyecto de reforma también puso sobre la mesa la necesidad de cobrar este tributo (IVA) cuando ingresen al territorio nacional bienes, cuyo valor incluso esté por debajo de los US$200 y provengan de países con los que Colombia no tiene Tratados de Libre Comercio (TLC) vigentes. Esto implica que los bienes originarios de Estados Unidos exentos de este tributo, pero no los que no se producen en ese país.
Inconsistencias del texto de la Reforma
Para un experto tributario el texto publicado por el Ministerio de Hacienda contiene varias inconsistencias técnicas, según aseguró Julio César Leal, experto tributarista.
“Hay un error recurrente desde el punto de vista económico conceptual en toda la exposición de motivos y es echarle la culpa de las diferencias sociales a los privilegios, gabelas tributarias injustificadas; y al recaudo tributario”, comentó.
Y es que según él, esto es impreciso porque la Dian ha cumplido las metas de recaudo, por lo tanto, la injusticia no depende en este momento de la falta de recursos, que además vienen creciendo casi exponencialmente cada año. El problema real está en el manejo del Presupuesto General de la Nación que hace el reparto inequitativo de los recursos. “No es por la falta de plata, es que se la están gastando en burocracia”, dijo.
Adicionalmente, expresó que no hay una idea clara del por qué se insiste en la doble tributación, o sea gravar el patrimonio, gravar los dividendos, gravar las pensiones. “No solo es antitécnico, es una medida contracíclica desde lo económico. Todos esos conceptos ya pagaron impuestos y volver a gravarlos es desestimular la creación de empresa, y el ahorro”.
Finalmente, señaló que hay varias violaciones a la Constitución, pero la que más llama la atención es la modificación al artículo 245 del Estatuto Tributario; que pone a pagar menos impuestos a los extranjeros, sabiendo que la Constitución ordena que tanto colombianos como extranjeros deben pagar los mismos impuestos.
