Hasta la fecha, todos los intentos legales de detener la entrega de Alex Saab a EE.UU. han resultado infructuosos ante la justicia caboverdiana
Los abogados del empresario colombiano Alex Saab, anunciaron que pedirán aclaraciones al Tribunal Constitucional (TC) de Cabo Verde. Esto luego que la semana pasada respaldara la constitucionalidad de su extradición a Estados Unidos.
“La batalla legal aún no ha terminado. Esta tarde presentaremos una solicitud ante el Tribunal Constitucional para la revisión de su decisión”. Así lo afirmó en una rueda de prensa virtual el abogado nigeriano Femi Falana.
Según Falana, la sentencia “no se sostiene” porque incluye “áreas que no están claras” y que “son contradictorias”.
“Tenemos la oportunidad, según la ley de Cabo Verde, de volver a la corte y pedir una aclaración. Y estamos aprovechando eso”, insistió el abogado. Repitió el argumento de la defensa de que el proceso tiene “motivaciones políticas”.
El equipo legal de Saab cree que el TC debe tener en cuenta que era “un agente del Gobierno de Venezuela en tránsito y tenía derecho a la inmunidad diplomática”.
“Es sorprendente que no haya un reconocimiento de su inmunidad diplomática”, dijo, por su parte, la abogada portuguesa Vania Ramos, según la agencia Efe.
También intervino el exjuez español Baltasar Garzón. Este recalcó que el fallo de TC es “una resolución política más que jurídica” que representa una “barbaridad” legal.
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La detención
Al testaferro de Nicolás Maduro lo detuvieron el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal. Respondía así a una petición de EE.UU. cursada a través de Interpol. Pero la defensa alega que esa alerta se emitió después del arresto.
“Las incidencias referidas a la orden de detención y su curso a través de Interpol sencillamente no han querido ser valoradas (por el TC). Hay elementos más que suficientes para demostrar que hubo artimañas y hubo trampas”, arguyó Garzón.
“Los argumentos, con todo respeto al TC, que se expresan en esa sentencia no son acordes con el derecho internacional. Tampoco con los tratados ni el derecho internacional de los derechos humanos, ni siquiera de acuerdo con los propios argumentos, normas del Estado de Cabo Verde”, indicó el exjuez español.
El pasado diciembre, el Tribunal de Justicia de la CEDEAO, falló contra la extradición de Saab. Ordenó su “liberación inmediata”, un veredicto que, según Garzón, el TC debería considerar como vinculante.
“Esta decisión del TC no es una decisión definitiva, sólo se rechazan las cuestiones de inconstitucionalidad. Todavía queda el pronunciamiento de fondo ante organismos internacionales”, zanjó el exmagistrado.
Además, “es importante resaltar que hay unas medidas cautelarísimas pendientes de que Cabo Verde conteste al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”. Por ello, la extradición “no seguirá adelante hasta que no se pronuncie el Comité”.
El pasado junio, ese Comité pidió a Cabo Verde que se abstenga de extraditar a Saab a Estados Unidos “mientras su caso sea examinado por el Comité o hasta nuevo aviso”.
Improcente
En un veredicto publicado el pasado día 7, el TC juzgó “improcedente” el recurso interpuesto por la defensa contra la supuesta inconstitucionalidad del arresto del empresario para intentar frenar su extradición.
La corte vino a dar la razón a dos instancias inferiores, el Tribunal de Apelaciones de Barlavento y el Tribunal Supremo de Justicia. Estos ya habían autorizado en 2020 y el pasado marzo, respectivamente, la entrega del testaferro a EE.UU.
Asimismo, la alta corte avaló la posición del Gobierno caboverdiano, que ya en 2020 dio su aprobación a la extradición.
Hasta la fecha, todos los intentos legales de detener su entrega a EE.UU. han resultado infructuosos ante la Justicia caboverdiana.
El nombre del empresario, de 49 años, apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente venezolano.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Maduro.
Según las autoridades estadounidenses, el empresario y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con “cientos de millones de dólares”.
