Un tribunal de Madrid investigará el rescate de Plus Ultra que está ligado a capital venezolano con vínculos chavistas
La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Esperanza Collazos, comenzó una investigación sobre el proceso de rescate a la aerolínea Plus Ultra. Las averiguaciones son posible delito de malversación de fondos públicos contra el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Bartolomé Lora.
Esta no es la primera ofensiva judicial en los tribunales por la polémica ayuda a una empresa que sobre el papel, es española. No obstante, tiene la mitad de su capital en manos de venezolanos. Se trata de una aerolínea con dos aviones en alquiler, de dudosa solvencia y con solo cinco millones de patrimonio neto.
Según el diario ABC, la investigación sería por una «posible infracción penal», también contra todo el consejo de administración que aprobó las ayudas.
Sin embargo, la juez aún no ha acordado citaciones. Comenzó por requerir a la sociedad estatal el expediente completo que derivó en esa inyección económica. la misma estaba sustentada en el carácter supuestamente «estratégico» de Plus Ultra.
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La polémica
La operación no está exenta de polémica. Supuso un desembolso de 53 millones de euros –con un préstamo participativo por valor de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones. Todo en favor de una aerolínea relacionada con el chavismo y que lleva en pérdidas prácticamente desde su constitución. Los fondos eran para el rescate de empresas estratégicas en situación complicada por la pandemia.
De acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por ABC, Manos Limpias interpuso una primera denuncia sobre el rescate. Y el mismo tendría «una motivación política y no económica».
La aerolínea Plus Ultra apenas representa 5% del total de los préstamos repartidos por el Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas de la SEPI. Pero teniendo en cuenta su facturación (94 millones) en las últimas cuentas declaradas, el rescate de 53 millones equivale a más de la mitad de sus ingresos.
Plus Ultra ya constituía una empresa en crisis antes de llegar la pandemia. De hecho, nunca había registrado un año con sus cuentas en positivo y arrastraba una deuda de más de diez de millones en su último balance.
De no ser por un préstamo participativo llegado desde un banco panameño relacionado con el accionariado venezolano de la aerolínea, estaría en causa de disolución según la auditora de sus cuentas.
Antes de pedir el rescate a la SEPI, Plus Ultra acudió a la banca privada y esta rechazó concederle cualquier tipo de financiación. Consideraba que había riesgo de impago, a pesar del respaldo del 70% del aval del ICO para grandes empresas. A pesar de todos estos hechos y de su escasa relevancia en el sector aéreo ha sido considerada estratégica
