Son más de 24 mil los menores de edad de padres venezolanos cuya nacionalidad ahora es colombiana. Estaban en riesgo de ser apátridas, un despectivo calificativo que vulneraba todos sus derechos ¿Quiénes son estos pequeños?
Se les conoce ahora como los “colombianitos” de padres venezolanos, lo son, con todas las garantías y beneficios que el Estado otorga a un ciudadano; conforman un grupo muy especial de nacionales de primera línea, por decirlo de alguna manera, después de que el Gobierno colombiano reconociera que nacionalizarlos era la vía idónea para protegerlos y conjurar el riesgo de ser niños sin patria.
“El Estado adoptó la medida cuando constató que existían obstáculos insuperables para que estos niños pudieran obtener la nacionalidad venezolana. En cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia, se decidió que el reconocimiento a la nacionalidad permite garantizar los derechos fundamentales de estos menores”, aseguró en su momento Iván Duque, Presidente de Colombia.
La medida denominada “Primero la niñez” rige desde el 20 de agosto de 2019, pero cobija a todos los niños, hijos de padres venezolanos, que nacieron en el territorio colombiano desde el 19 de agosto de 2015. Son 24 mil menores que a la fecha Colombia asumió como propios.
¿Cuáles son las condiciones de estos niños?
En medio de la pandemia que azota al mundo y de las condiciones de vulnerabilidad que tiene la población venezolana en general por su condición de migrantes, resulta preocupante saber qué sucede con estos menores.
Si bien es cierto que Colombia cumple con la medida de nacionalizarlos atendiendo las exigencias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre los Derechos de los Niños y para reducir los casos de apátrida, y que le resulta mejor tener niños con identificación legal, acceso legal y completo a salud, educación y los demás servicios del Estado, ¿en realidad esto se cumple?
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Según el Registrador colombiano, Alexander Vega, sí. Actualmente, Venezuela no tiene consulados en Colombia y no les concede la nacionalidad a los hijos de sus nacionales nacidos en Colombia.
“Por lo tanto, y de acuerdo con los términos definidos en la Convención de Apátridia de 1954, los niños y niñas, hijos de venezolanos, nacidos en Colombia, estarían en riesgo de apátridia y, por ello, bajo lo establecido en la Ley 43 de 1993, podrían acceder a la nacionalidad colombiana por nacimiento. La medida está alineada y amparada plenamente por la Constitución colombiana y por los convenios internacionales que Colombia ha ratificado en esta materia”, explicó el funcionario colombiano.
En un comunicado de prensa, la cancillería colombiana anotó que se estaba dando cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas por Colombia, que comprometen a dar la nacionalidad a las personas nacidas en territorio colombiano y que no son reconocidas por ningún otro Estado como su nacional.
“Pero lo más importante de esto es recordar que, según nuestra propia Constitución, los derechos de los niños prevalecen y es deber del Estado protegerlos”, anotaba el canciller Carlos Holmes Trujillo.
En el mismo sentido se expresó el Procurador, Fernando Carrillo, quien aseguró que “los derechos humanos de los niños y las niñas no admiten ninguna condición ni modalidad. Son derechos que trascienden fronteras y cuya garantía y protección debe ser un mandato prevalente para todos aquellos que nos encontramos en una posición de garantes”.
La situación actual
El panorama es el siguiente: los ciudadanos venezolanos que llegaron a Colombia antes de la pandemia y que según Migración Colombia para febrero de 2020 alcanzaron el 1.825.687, entre ellos cerca de 220 mil niños, niñas y adolescentes, arribaron a este país porque en el suyo no tenían alimentos, salud, medicina, trabajo, ingresos ni acceso a servicios básicos. Tener una vida digna los obligó a migrar, muchos de ellos con sus niños “al hombro” o mujeres en estado de embarazo con deseos de otorgar mejores condiciones a su hijo.
Colombia ya atiende los partos de las mujeres venezolanas que llegan al país, como parte de los gastos que implica la atención al proceso migratorio (un promedio del 0.5% del PIB anual). La Registraduría Nacional del Estado Civil destinó puntualmente 3 mil millones de pesos para implementar la medida, los cuales fueron gestionados por el Gobierno Nacional y conseguidos gracias a la cooperación internacional.
“Para el Estado colombiano es más barato atender a poblaciones que están vinculadas al sistema de seguridad social; es decir que es más eficiente para el Estado atender a niños colombianos vinculados al sistema que a niños en riesgo de apatridia que están por fuera del sistema pero que igualmente tienen derecho a atención y protección”, asegura Lina María Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.
Y es que precisamente la ayuda para estos niños es una labor interinstitucional, en ella participan la Registraduría Nacional de Estado Civil, el ICBF, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Relaciones exteriores, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales como ACNUR, UNICEF, el BID y la OIM.
Ser colombiano implica contar con un primer documento: el registro civil de nacimiento, válido para demostrar nacionalidad, es de carácter gratuito y se expide con el certificado de nacido vivo que todos los hospitales colombianos otorgan a los padres cuando nace su bebé.
El procedimiento se realiza en las 1.196 Registradurías y 902 Notarías que cumplen con la función registrar e implementar la medida. Hasta el momento 24.000 documentos de identidad de niños nacidos en Colombia, hijos de venezolanos se han expedido desde que se adoptó la medida.
“Hasta antes de entrar la medida Colombia había permitido que estos menores tuvieran registro civil que les permitía disfrutar del sistema de salud, pero no tenían la nacionalidad, porque no se había regularizado la condición migratoria de sus padres”, explicó el Registrador colombiano, Alexander Vega.
Parir en Colombia
La condición ideal para las madres gestantes venezolanas que paren en Colombia es contar con el Plan de Beneficios en Salud (PBS) y estar afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, para lo cual deberán tener un documento de identidad válido y pertenecer a una EPS; sin embargo, no siempre es así.
Muchas de estas migrantes no tienen el dinero, están de forma irregular en el territorio colombiano y, por lo tanto, sus partos forman parte de las atenciones en salud adicionales que prestan en urgencias los hospitales para madres gestantes y niños/ niñas no afiliados.
Todas las clínicas y hospitales en Colombia tienen la obligación de atender los partos de mujeres venezolanas, realizar los controles prenatales y atender a su bebé por lo menos durante el primer año de vida. Además, esos bebés no serán deportados o expulsados, porque son colombianos de nacimiento.
La situación migratoria de los padres de estos niños se estudia por parte de las autoridades de manera particular para definir su permanencia en el territorio colombiano.
Los datos más recientes del Ministerio de Salud colombiano reportan que la cantidad de partos y cesáreas atendidos en mujeres que manifestaron ser venezolanas fue de 32.236, desde marzo de 2017 hasta mayo de 2019, de los cuales se inscribieron en el Registro Único de Afiliados (RUAF), del Ministerio de Salud y Protección Social, 8.150 nacimientos de madres procedentes de Venezuela o con residencia menor a 6 meses en Colombia.
Esta cifra permite calcular que al año en Colombia están naciendo 1.239 niños cuyos padres o madres son de origen venezolano.
¿Qué pasa con los niños después de su nacimiento?
La entidad encargada de asumirlos es el ICBF, si sus padres deciden permanecer en Colombia a través de sus programas de atención a la primera infancia. Ese instituto ha venido atendiendo a los niños, niñas y adolescentes migrantes que se encuentran en Colombia en los últimos años.
Cifras suministradas por ellos estiman que en 2015 atendió a 3.219 niños, niñas y adolescentes venezolanos. Para 2020 la cifra supera los 105.000 niños en los servicios de Primera Infancia y el restante en los programas de prevención y protección.
“En 2019, el ICBF atendió a 105.153 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes venezolanos, de los cuales 90.767 fueron beneficiarios de los programas de Primera Infancia; 5.514 de Niñez y Adolescencia, 5.091 de Nutrición, 2.188 de Protección y 1.593 familias atendidas”, explicó la directora del ICBF.
“En 2019, el ICBF atendió a 105.153 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes venezolanos, de los cuales 90.767 fueron beneficiarios de los programas de Primera Infancia; 5.514 de Niñez y Adolescencia, 5.091 de Nutrición, 2.188 de Protección y 1.593 familias atendidas”
Lina María Arbeláez, Directora ICBF
Por su parte la subdirectora General del ICBF, María Mercedes Liévano, resaltó que “la atención a la niñez migrante es una de las principales apuestas del Instituto, junto con prevención a la desnutrición, reclutamiento y prevención de violencias”.
La funcionaria también señaló que la estrategia de niñez migrante fortalece la integración de la respuesta a los menores de edad migrantes para facilitar su tránsito desde la atención en situación de emergencia hasta la inclusión y estabilización familiar.
Durante 2019 el Instituto atendió a más de 8 mil mujeres venezolanas en estado de gestación y en periodo de lactancia. En relación con los niños, el ICBF atiende a los niños de 0 a 5 años en jardines infantiles especiales donde les brinda educación, alimentación y cuidado especializado. En el caso de adolescentes el Estado colombiano les garantiza, en colegios públicos, la educación.
Ser niño, ser hijo de padres venezolanos migrantes, saber que Venezuela no les da nacionalidad, nacer y crecer ahora en medio de una pandemia, son circunstancias que enfrentan a la niñez venezolana y a los nacidos en Colombia de padres venezolanos, a un escenario incierto dónde su única realidad es saber que, medianamente, tienen acceso a ciertos beneficios que les otorga el Estado colombiano, por su condición de ser niños con nacionalidad.
Ellos son, realmente, la población más vulnerable en medio de esta crisis humanitaria producto de la migración y a la que ahora se une un pandemia mundial.
