Según cifras de Provea, en 2021 hubo un aumento de 148% en el número de presos políticos torturados
Varias organizaciones no gubernamentales y partidos políticos denunciaron la persistencia de la tortura en los centros de detención donde hay presos políticos.
“En 2021, registramos 241 denuncias de torturas. Eso fue un aumento de 148,4 % respecto al número de víctimas reportadas en 2020”, recordó en Twitter la ONG Provea.
Las ONG recordaron así el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.
En 44,3% del total de casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes registrados en 2021 los afectados denunciaron haber sido expuestos a desnudez colectiva como mecanismo de intimidación, mientras que otros dijeron haber recibido amenazas de violación por parte de los agentes de la fuerza pública.
El aumento de las técnicas de abuso basadas en la humillación y reducción física y psicológica de las víctimas mediante las agresiones sexuales, genera especial preocupación, señala la ONG.
Asimismo, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia publicó varios mensajes para remarcar la prohibición, vigente en el país, para establecer “penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
“Seguimos alzando la voz por cada preso político torturado y por aquellos que murieron estando bajo la custodia del Estado”, apuntó la ONG.
Lea también: La Venezuela de Maduro según Michelle Bachelet: “Torturas, detenciones y asesinatos” – VIDEO IMPACTO VENEZUELA
¿Quién y dónde?
Según Provea, el CICPC, fue señalado como responsable en 155 casos de tortura –con igual número de víctimas– para alcanzar 64,3% del total de denuncias registradas en 2021.
En 2019, el CICPC fue señalado como responsable de torturar a 259 personas; es decir, 45% del total de víctimas registradas ese año.
El CICPC también encabezó el listado de denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes con 216 víctimas (44,17%), 200 de ellas personas privadas de libertad en la sede del organismo ubicada en Los Teques, capital del estado Miranda.
Estas personas habrían sido sometidas a fuertes golpizas y obligadas a desnudarse, luego que realizaran una protesta reclamando alimentos.
En Miranda se registró la mayor cantidad de víctimas de torturas, concentradas en su mayoría en la sede de la División Nacional contra la Extorsión y el Secuestro del CICPC, ubicada en El Hatillo, y en la sede principal de la DGCIM, en Boleíta.
En estos dos recintos –el primero de carácter policial civil y el segundo, militar– se han denunciado al menos 441 casos de tortura entre enero de 2018 y diciembre de 2021, un alarmante 43,19% del total de casos registrados a nivel nacional durante ese período.
Hablan los partidos
Por su parte, los partidos políticos La Causa R y Voluntad Popular (VP) emitieron breves pronunciamientos para condenar que este flagelo siga vigente.
Recordaron que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió formalmente una investigación al país en 2021 por crímenes de lesa humanidad, entre los cuales se destaca la tortura.
“En Venezuela está evidenciada, en numerosos informes, la práctica de la tortura contra detenidos. Consta en los recaudos de la comisión de DDHH de la ONU y en denuncias interpuestas ante la CPI (…) seguiremos alzando la voz para que los crímenes del régimen no queden impunes”, señaló VP.
La Defensoría del Pueblo celebró esta semana una sesión plenaria de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, pero no dio detalles sobre casos relacionados con este delito en el país.
La CPI publicó un informe anual en diciembre de 2020 en el que enumeraba delitos cometidos por las fuerzas de seguridad de Venezuela, entre ellos el de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos y encarcelamiento en violación de las normas fundamentales del derecho internacional.
