El septiembre del 2021, la AN chavista sancionó la reforma del Copp que, a primera vista, luce positiva, pero que no garantiza que se haga justicia, mientras los jueces no sean independientes
La reforma del Código Orgánico Procesal Penal aprobado por el Parlamento en septiembre pasado es “superficial” e insuficiente. La afirmación la hizo la ONG Justicia Venezolana que sostiene que los cambios no resuelven la “grave situación del sistema de justicia del país”.
“Se trata de una reforma superficial que no resolverá la grave situación del sistema de justicia penal venezolano. Se requiere, sí, una nueva reforma verdaderamente sustancial del Código Orgánico Procesal Penal”, señaló la organización.
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Los jueces
La ONG presentó un informe donde indicó que los cambios deben venir acompañados del “rescate de la autonomía e independencia de los jueces. Ellos son, en definitiva, los encargados en que se cumpla la constitución y la ley”.
“Gran parte de la reforma del Copp luce positiva y acertada, ya que, a primera vista amplía los derechos de las víctimas o reducir los lapsos procesales. Evidentemente, resulta cónsono con el principio de progresividad de los derechos humanos”, señaló Justicia Venezolana.
Sin embargo, “en la práctica no se corregirán algunos aspectos que se vienen arrastrando en la sustanciación de casos penales. Sobre todo los seguidos contra los considerados presos políticos”.
El retardo procesal
La ONG expuso que el retardo procesal o dictamen “indiscriminado” de medidas privativas de libertad “indefinidas” en el tiempo es otro problema. “No será una situación que se vaya a corregir con acortar los lapsos procesales en la audiencia preliminar y el juicio oral y público”, señala.
“Mientras tengamos jueces carentes de autonomía e independencia, la situación no va a mejorar”, agrega.
El pasado 16 de septiembre, el Parlamento venezolano, aprobó la reforma que “mejora, los derechos de los ciudadanos, según el presidente de la AN, Jorge Rodríguez
“Esta reforma implica el incremento del derecho del ciudadano común, la adjudicación de herramientas suficientes o en todo caso de herramientas útiles para prevenir el abuso de autoridad o cualquier dilación en el debido proceso”, sentenció Rodríguez.
La reforma al Código Orgánico Procesal Penal establece, entre otras cosas, una disminución a la discrecionalidad del Ministerio Público, la prohibición de que civiles puedan ser juzgados en tribunales militares y una reducción en los lapsos de audiencia, tal como explicaron los parlamentarios chavistas.
