Marino Alvarado, coordinador de Provea señala que la CPI persiste en su proceso sobre Venezuela y que, incluso, en pleno diálogo puede presentar el informe que dejó pendiente la fiscal saliente Fatou Bensouda
El coordinador de la ONG, Provea, Marino Alvarado, aclaró que la negociación entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición, en México, no influirá en el proceso que se lleva a cabo en la Corte Penal Internacional, independientemente de sus resultados.
“En las últimas dos semanas varias personas me han preguntado si el diálogo y negociación en México puede cambiar el rumbo del Examen Preliminar que adelanta la Corte Penal Internacional. También sí frenaría el posible avance a fase de investigación de quienes pudieran tener responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La respuesta a esta inquietud es no”, dijo Alvarado en un artículo de opinión publicado en la web de Provea.
Aclaró que “la Corte Penal Internacional es un tribunal independiente”. Aseguró que la CPI “guía sus actuaciones dependiendo de la voluntad de los Estados de investigar. También de sancionar los crímenes para los cuales la Corte tiene competencia”.
“De tal manera que su interés es la justicia. Se empeña sean los propios Estados quienes tengan la disposición y capacidad de investigar y sancionar”, destacó el activista por los DD.HH.
Insistió en que la “la Corte actúa de manera complementaria, no busca sustituir el sistema de justicia nacional. Al contrario. Apuesta a que ese sistema sea los suficientemente independiente y sólido para garantizar no haya impunidad”.
Añade que la CPI busca “que los propios fiscales y jueces en cada país demuestren la voluntad de juzgar. Principalmente, a quienes aparecen como máximos responsables, quienes planificaron, ordenaron y comandaron las acciones que culminaron en crímenes contra la humanidad”.
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Reforma al sistema judicial
A su juicio, “en las negociaciones en México uno de los puntos a discutir y ojalá haya acuerdos serios es en reformar el sistema de justicia”.
Para Marino Alvarado, es indispensable que esa reforma incluya “la elección de magistrados del TSJ, designación de nuevo Fiscal General y nuevo Defensor del Pueblo. Todo bajo estricto acatamiento de los procedimientos establecidos en la Constitución”.
Sostiene que “si ese aspecto se lograra incluir en la negociación, sin duda será uno de los más difíciles”.
Señala que será así porque la administración de Maduro “ha usado el sistema de justicia para perseguir y para avalar todas sus arbitrariedades”.
Es más, alertó que “la enorme corrupción no va, fácilmente, a desprenderse de ese instrumento. Si se lograra reformar el sistema de justicia sería un gran avance”, afirmó.
Pero, también dijo que “queda entonces la pregunta, de sus esos nuevos funcionarios judiciales tendrían la voluntad de iniciar investigaciones contra los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”.
No prescriben
Para Alvarado, “la única manera que la CPI no avance es que esas investigaciones contra las cadenas de mando se adelanten. Se demuestre, no con palabras y promesas, sino con hechos concretos, que se trabaja seriamente para garantizar el castigo a los responsables. De lo contrario, no hay ningún motivo para que la Fiscalía de la CPI no continúe su labor sobre la situación en el país. Esa posibilidad de investigación y sanción por la justicia venezolana no parece cercana”.
Por otro lado, advierte que “el diálogo y negociación en México puede ser un proceso largo. Mientras tanto las víctimas y organizaciones de derechos humanos siguen aportando información a la Fiscalía de la CPI. No debe de extrañarnos que, en medio del proceso de negociación, el nuevo fiscal anuncie se pasa a fase de investigación”.
Fionalmente, el coordinador de Provea señala que, “aunque el gobierno aparenta no preocuparse por una decisión de esa naturaleza, se sabe existe”.
Dice que “están conscientes que los crímenes donde pudieran estar involucrados no prescriben. Y ello implica que así transcurran los años hay obligación de sancionar. De tal manera que si los frutos de la negociación en México resultan muy positivos ello no frenará la labor de la Corte Penal Internacional. Habrá que celebrar esos dos resultados”.
