Por este caso son procesados 13 civiles, entre ellos Juan Requesens y cuatro militares
Para los detenidos y sus familiares han transcurrido largos 4 años, desde aquel 4 de agosto del 2018, cuando ocurrió un intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, mejor conocido como el caso de los drones.
Según la periodista Sebastiana Barráez, en los tribunales de la causa se ordenó “acelerar” el juicio y por ello habrían cambiado los delitos de traición a la patria por conspiración.
“Ha sido un juicio plagado de vicios, torturas, violaciones al debido proceso, entre muchas irregularidades más”, recordó la comunicadora, en su blog.
Recordó que, últimamente, se habían realizado audiencias en las que se evacuaban algunas pruebas documentales, hasta que el lunes pasado hubo un cambio inesperado y acelerado para terminar el juicio”.
Dijo que esto “podría deberse a que el jueves próximo se celebra el 85 aniversario de la GNB y se cumplen cuatro años del fallido atentado”, agregó.
Alertó que, según sus fuentes, “la sentencia debe estar lista el lunes 01 de agosto”, es lo que le habrían dicho a los involucrados en el juicio.
“La orden vino de arriba y este juicio hay que finiquitarlo el lunes”, agregó la fuente de Barráez.
Se recuerda que este caso lo lleva el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio con competencia en casos vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, a cargo de la Jueza Hennit Carolina López Mesa y de los fiscales Farik Karín Mora Salcedo y Dinora Bustamante Puerta.
Este caso afecta a las 17 personas que aparecen en el expediente.
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Las pruebas
Barráez sostiene que “hasta ahora el Tribunal había evacuado las pruebas muy lentamente·.
De hecho, hace una semana, “advierte que habrá para los militares un cambio de calificación en lo imputado de Traición a la Patria para Conspiración, por lo que según el Código Penal venezolano, se debió suspender el juicio para permitirle a los militares que se defiendan, declaren y se suministren las pruebas”.
“Vayan, vayan a hablar con ellos” dijo la juez y le abrieron la puerta de la DGCIM y Ramo Verde para que los abogados se entrevistaran con los implicados en el caso.
Los defensores llamaron a los militares para declarar y el jueves 28 de julio pasado, estando en el juicio, la juez López Mesa negó la suspensión del juicio, alegando que eso se había hecho desde el lunes 25 al jueves 28.
“De manera que en realidad negó lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal cuando se trata del cambio de calificación jurídica, cerró el debate a pruebas y le dio la palabra al Ministerio Público para que diera sus conclusiones”, publicó Sebastiana Barráez.
“Todo fue a tropezones, sin permitir realmente que los militares detenidos tengan derecho real a defenderse de lo que ahora dice que cometieron. No han encontrado pruebas y se inventan a última hora lo de la Conspiración, luego de cuatro años de tenerlos presos; ahí queda claramente demostrado que no hay pruebas y por eso no les permiten defenderse apropiadamente”, dijo a la comunicadora el familiar de uno de los detenidos.
Corriendo
Como consecuencia de la medida, “de un plumazo y en tiempo récord los abogados defensores deben presentar mañana lunes (01 de agosto) sus conclusiones y el Tribunal anunciará su sentencia”.
Barráez recuerda que “el caso de los drones es uno de los más escandalosos en lo que a la violación del debido proceso se refiere. Todas las detenciones y allanamientos se hicieron sin orden judicial, a los detenidos se les negó muchísimas veces las reuniones con sus abogados, las incomunicaciones, torturas físicas y psicológicas no se procesaron”. Además que que hubo “experticias sin solicitudes al Tribunal y parcialidad”.
Los implicados
Los militares implicadas en el caso son: El general de división Alejandro Pérez Gámez, quien era Jefe de Operaciones de la Guardia Nacional y a quien la Fiscalía señala como responsable de haber filtrado información a los autores del hecho.
Se incluye al general de Brigada Héctor Hernández Da Costa, al teniente coronel Pedro Javier Zambrano Hernández y al sargento retirado Juan Carlos Monasterio Vanegas.
Y los civiles presuntamente involucrados son: Alberto José Bracho Rozquez, Angela Lisbeth Espósito Carrillo, Argenis Gabriel Valera Ruiz, Brayan de Jesús Oropeza Ruiz, Emirlendris Carolina Benítez Rosales, Hennyberth Emmanuel Rivas Vivas, José Eloy Rivas Díaz, José Miguel Estrada González, Juan Carlos Requesens Martínez, Oswaldo Gabriel Castillo Lunar, Wilder Anderson Vásquez Velásquez, Yanin Fabiana Pernía Coronel y Yolmer José Escalona Torrealba.
