El conglomerado de juristas y académicos consideran que el Poder Judicial quedaría subordinado al Poder Legislativo
Para la Academia de las Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, violenta la separación de poderes y profundiza una dependencia política hacia la Asamblea Nacional.
A través de un comunicado, La academia fija posición ante la reforma de dicha ley. Consideran que vulnera la independencia y autonomía del Poder Judicial.
“El Tribunal Supremo de Justicia debe gozar de independencia y autonomía como garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; además le compete la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales y de las defensorías públicas (art. 267, Constitución). Solamente un Tribunal Supremo de Justicia y unos tribunales integrados por jueces competentes, independientes e imparciales, permite cumplir con los estándares constitucionales e internacionales, establecidos en los tratados y demás instrumentos vigentes”, dice parte del comunicado.
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Según los académicos, con la reforma propuesta por la AN del 2020 hay un compendio de irregularidades. El nombramiento de los magistrados, Inspector de Tribunales, Director de la Escuela de la Magistratura, así como la continuidad de los mismos es un ejemplo.
“La justicia en Venezuela carece de independencia, ya que los magistrados, jueces y fiscales, no tienen estabilidad y están sujetos a presiones externas. Esta falta de independencia es garantía de la impunidad del delito, especialmente de las graves violaciones a los derechos humanos, incluidos los delitos de lesa humanidad, y al mismo tiempo, se utiliza para la persecución política de los adversarios del régimen”, dice la misiva académica.
Dependencia del TSJ
Para la academia, con esta reforma la dependencia política se refuerza. Debido a esto, el funcionamiento de todos los órganos de justicia estarán subordinados a una posible condición política, que pueda ser nada imparcial.
“Se concluye que con esta Ley se refuerza la ausencia de independencia de la justicia en Venezuela, por ser abiertamente contraria a los estándares del debido proceso, nombramiento y estabilidad de los jueces, contenidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y el Estatuto de Roma, así como en la jurisprudencia de los tribunales y demás órganos internacionales, en especial dela Corte Penal Internacional y los órganos y organismos de las Naciones Unidas”, expresa el comunicado.
La ley
La recién aprobada Ley Orgánica del TSJ fue publicada en Gaceta Oficial número 6.684 del pasado 19 de enero de 2022.
La misma fue aprobada bajo las condiciones de un parlamento dominado por el oficialismo. Según los académicos, al aprobarse esta normativa, la elección de los magistrados y demás actores jurídicos, quedará en manos de los diputados de la AN. No se hará una consulta con los diferentes sectores, tal y como lo establece la propia Constitución de Venezuela.
