La AN de Nicolás Maduro aprobó la reforma de la ley del TSJ, en primera discusión, a finales del 2021 y espera sancionarla este año
La intempestiva reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) que el chavismo puso en marcha en los últimos días de 2021 está llena de luces y de sombras.
El alerta lo hizo la ONG, Acceso a la Justicia que revisó el texto de la reforma aprobado en primera discusión el 30 de diciembre por la Asamblea Nacional (AN) chavista.
“Reducir el número de magistrados de 32 a 20. Aumentar de cinco a diez los miembros de la sociedad civil que evaluarán a los aspirantes en el Comité de Postulaciones Judiciales y establecer que la elección debe producirse con una mayoría calificada de las 2/3 partes del Parlamento son las principales modificaciones”, destaca la organización.
A primera vista, la ONG califica como “sorpresiva”, la medida de modificar la ley. “En el TSJ solamente hay dos vacantes absolutas, por las renuncias de Christian Zerpa y Gladys Gutiérrez. Esto sin contar la situación de la magistrada Janeth Madriz, quien ejerce como Encargada de Negocios Ad Hoc en Panamá. No obstante, para finales de este año expiran los períodos de los funcionarios designados en 2010”, destaca.
Para Acceso a la Justicia, “la reforma pareciera tener un propósito más profundo que el simple hecho de sacar o poner funcionarios. Al menos así lo dejó entrever el propio Rodríguez, quien declaró: ‘Entienda, sepa y comprenda el pueblo de Venezuela que vamos a fondo con este proceso de reinstitucionalización de las instituciones democráticas de la República'”.
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¿Enderezando el entuerto?
“Las palabras del diputado oficialista revelan que la intención de la modificación es silenciar las críticas que el TSJ viene recibiendo desde 2004”, señala.
¿Qué pasó ese año? “La AN que, por entonces contaba con una pírrica mayoría chavista, aprobó una Ley Orgánica del TSJ que aumentó de veinte a treinta y dos el número de magistrados. Reservó la mayoría de las sillas del Comité de Postulaciones Judiciales a parlamentarios. Estableció que si luego de tres votaciones no se lograba elegir a los magistrados por mayoría calificada, la cuarta se haría por mayoría simple”.
Este instrumento legal “abrió las puertas para que el chavismo terminara de cooptar al máximo juzgado y al resto del Poder Judicial”, denuncia la ONG.
Recuerda que “la ley de 2004 se aprobó para evitar expresamente nuevos fallos como el que eximió de responsabilidad a los generales y almirantes que participaron en los sucesos de abril de 2002”.
Agrega que “este instrumento abrió las puertas para que diputados chavistas como Luis Velásquez Alvaray, Luis Franceschi, Malaquías Gil, Juan José Mendoza, Calixto Ortega y Christian Zerpa. Además de Gladys Gutiérrez y Janeth Madriz, funcionarios como Eladio Aponte Aponte e incluso parientes de altos cargos del chavismo aterrizaran en el TSJ”.
Añade que “todo ello habría sido muy difícil si el comité evaluador hubiera estado integrado por miembros de la sociedad civil. También si la elección se hubiera hecho siempre por mayoría calificada, tal y como manda la Constitución”.
“Son magistrados cuya afiliación revolucionaria está más que garantizada (…) No nos vamos a meter un autogol”, confirmó en su momento el diputado Pedro Carreño.
De esos polvos… estos lodos
Este instrumento, así como la reforma que sufrió en 2010, permitieron que “hoy el máximo juzgado del país esté conformado por magistrados que simpatizan con el Gobierno chavista. Ellos avalan mediante sus sentencias sus decisiones. Una alineación que permitió que el Parlamento electo en 2015 fuera aniquilado y con él la democracia venezolana”.
Como si lo anterior fuera poco, “la cooptación del TSJ también permitió que miles de jueces hayan sido designados y destituidos por mecanismos distintos a los concursos de oposición. Esa es una situación que impide que la justicia les garantice a los ciudadanos sus derechos y que los indemnice en caso de algún daño”.
La nueva sombra
Aunque la propuesta parece dirigida a desmantelar el sistema implantado en 2004, algunas disposiciones están fuera del marco constitucional. En este sentido, la ONG dice que las mismas están “destinadas a seguir asegurando el control político del Gobierno sobre el TSJ”.
Así, por ejemplo, en la reforma del artículo 65 de la ley se establece que el Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por quince miembros. Se trata de cinco diputados y diez miembros de la sociedad civil. El artículo 270 de la carta magna deja en claro que el Comité es un órgano asesor del Poder Judicial. Dice que “estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad”.
Si no fuera suficiente, la reforma incorpora una figura no prevista en el texto fundamental: el comité preliminar.
Esta instancia es una copia del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE). La misma se encargará “de recibir, preseleccionar y remitir a la plenaria de la AN los postulados para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales”.
Y, de paso, la instancia la conformarán los cinco parlamentarios, quienes luego de que se seleccione a los representantes de la sociedad civil pasarán a formar parte del órgano evaluador.
Lo anterior deja en claro que el chavismo no está dispuesto a renunciar a ejercer algún tipo de control en la designación de los magistrados.
Donde dije “digo”, ahora digo…
La disminución del número de magistrados a 20, la cantidad que tenía el TSJ cuando originalmente fue creado en el año 2000, es otro de los cambios llamativos. ¿Por qué la reducción? Para que “pueda darse un mejor manejo de las salas”, se justifica en la exposición de motivos de la reforma de la Ley.
“El chavismo parece olvidar que en 2004 justificó el aumento de magistrados señalando que esta medida permitiría combatir el retardo procesal que aquejaba al TSJ”, dice Acceso a la Justicia.
Sin embargo, casi 18 años después, “la eficacia del máximo juzgado no ha mejorado, pese a contar con 32 miembros”.
