La ONG Acceso a la Justicia redactó un informe acerca de varias sentencias del TSJ que lejos de reivindicar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, los afectan y remarcan que al país aún le falta desarrollar políticas contra la violencia de género
El pasado 16 de junio, Nicolás Maduro quiso exaltar el rol de su fallecido antecesor como impulsor de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, en este último asunto la acción del Estado, y en particular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), parece estar enfocada más a los gestos que a las acciones concretas transformadoras. Por ello, la batalla contra la violencia género está perdida por la justicia venezolana.
Esta es la conclusión a la que llegó la ONG Acceso a la Justicia en su informe “Mitos y realidades de la violencia contra la mujer en Venezuela: Historia de otro fracaso del Poder Judicial”.
Publicado recientemente, el informe analiza la jurisprudencia de las salas de Casación Penal y Constitucional. Las mismas están relacionadas con el resguardo de la vida e integridad física y mental de las mujeres.
Los hallazgos de la investigación son reveladores. “Se encontraron diez sentencias en las que se percibe que la intervención del juez fue contraria a los intereses de la mujer”. También “se perciben prejuicios, roles o estereotipos en contra de las mujeres como sujeto protegido”.
Un ejemplo de estos fallos fue la sentencia 108 del 26 de febrero de 2016. Allí, el máximo juzgado corrigió a un tribunal de primera instancia que rechazó procesar un caso de femicidio. Lo hizo bajo el alegato de que la víctima era una “dama de compañía”.
Aunque el organismo rector del Poder Judicial subsanó la falla, no reprendió ni amonestó al juez por su criterio apartado de lo establecido en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia.
Asimismo, en el informe se mencionan otras dos sentencias de la Sala de Casación Penal. En las mismas no se tomó en cuenta el principio de interseccionalidad de la víctima. Esto quiere decir: “la coexistencia de elementos contextuales que victimizan de forma concurrente a las mujeres. Se trata de pobreza, pertenencia a una etnia indígena, tener una discapacidad, relaciones de poder, entre otros”.
También se hallaron seis decisiones en las que el TSJ cometió graves violaciones a los derechos de las mujeres. Estas “desnaturalizaron el proceso e hicieron que el mismo no sirva a los fines que la ley prevé. En consecuencia, ‘revictimizaron’ a la víctima, se constató retardo judicial y se omitieron elementos fundamentales del proceso”.
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No es suficiente
En el informe, Acceso a la Justicia no solo destaca las fallas en las que ha incurrido el máximo juzgado en los últimos años. También resalta las acciones correctas. No obstante, señala que no son suficientes.
Así, “tras revisar dieciséis sentencias de la Sala Constitucional que tocan la materia, observó que varias parecen ir en la dirección correcta”.
Entre ellas menciona “la que permite la evacuación como prueba anticipada de declaraciones de niños, niñas y adolescentes, a los efectos de evitar la revictimización”.
También hay una sentencia que prevé la posibilidad de que las víctimas puedan presentar acusación particular propia en algunas circunstancias. Incluye una que anuló el artículo del Código Penal que hacía alusión a la “honestidad” de la mujer.
Sin embargo, en el reporte se deja en claro que estas decisiones son insuficientes. Se resalta que el TSJ ha ignorado los avances que en la región se han producido en el área, en particular en materia de reparación.
“En nuestro país las decisiones judiciales se centran exclusivamente en la sanción sin incorporar ningún elemento de reparación”, se lee en la investigación.
La misma agrega: “Lo relativo a la reparación no es, una propuesta o una innovación, sino un estándar internacional establecido de modo que su inclusión no es discrecional por parte del Estado”.
En el informe se admite que en Venezuela tampoco es muy usual que las víctimas demanden reparaciones al Estado. ¿La razón? La que se menciona en el informe: “Ya conseguir una condena es bastante difícil como para agregar otra preocupación a las víctimas. Por ello es tarea pendiente en las capacitaciones de profesionales y organizaciones vinculadas con el tema, incluirlo. Todo, a los efectos de que sea una presencia permanente de los asuntos a decidir por el tribunal”.
También se resalta que las autoridades judiciales han desatendido la jurisprudencia internacional en la materia, en particular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Precisamente, este juzgado internacional condenó a Venezuela en 2018 por un caso de violencia de género, el relacionado con Linda Loiza López. Este caso saltó a la palestra en 2001, cuando la joven fue rescatada de un edificio en el este de Caracas, donde Luis Carrera Almoina la tenía secuestrada para maltratarla y abusar sexualmente de ella.
Hasta el momento, el estado Venezolano ha desacatado las recomendaciones emitidas sobre este caso.
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¿Cómo nos afecta?
El informe deja en claro que la actuación de la justicia a la hora de castigar los crímenes de los que son víctimas las mujeres, por el simple hecho de serlo, está lejos de ser idónea.
Asimismo, se advierte que hay grandes deficiencias, como el hecho de que la justicia no ha incorporado a su léxico el término reparación, y se aleja de los estándares internacionales al no comprender los derechos de las mujeres como derechos humanos, no prever la reparación a las víctimas, ni haber un apropiado enfoque de género ni tampoco observar la interseccionalidad.
La investigación revela que la lucha contra la violencia de género en Venezuela es “más ruido que nueces”, con lo cual se abre las puertas para que este tipo de crímenes continúen cometiéndose, dejando a más y más familias enlutadas y rotas.
