“La detención arbitraria y desaparición forzada por más de 72 horas de la defensora de derechos humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano, Rocío San Miguel, confirma una vez más el patrón de crímenes de lesa humanidad” que existe en Venezuela.
El alerta lo hizo un panel de expertos internacionales independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyos integrantes se pronunciaron a raíz de la detención de San Miguel y alertan que ese patrón ha sido denunciado desde que emitieron su primero informe, en el 2018.
El panel adelantó que “el caso de Rocío San Miguel será incluido en el informe que presentará a la brevedad a la CPI y en donde se analizan numerosos casos representativos de la manifiesta impunidad existente en Venezuela, por lo menos, desde el año 2014”.
El panel considera que “el patrón de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, la impunidad, y la desafiante falta de cooperación de las autoridades venezolanas con la comunidad internacional son una muestra más que suficiente para que la CPI confirme la decisión de reanudar las investigaciones de la situación de Venezuela I”.
Según información a la que pudo acceder el panel, reseñada en una nota de prensa, “la defensora fue víctima de desaparición forzada y posteriormente fue alojada en el centro de detención conocida como El Helicoide”.
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Sobre este lugar de reclusión que es una de las sedes del Sebin en Caracas, los expertos recuerdan que “la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas y numerosas organizaciones de derechos humanos, han identificado como uno de los principales centros en donde se cometen hechos de tortura que han sido reportados a la Corte Penal Internacional (CPI)”.
Destacan que el patrón denunciado se comprueba, además, con “la suspensión de las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela”, a cuyos miembros la administración de Nicolás Maduro les dio un plazo de 72 horas para irse.
