domingo, abril 28, 2024

ROCÍO SAN MIGUEL RECIBIÓ la visita de su hija: “está muy fortalecida y convencida de su inocencia”

El abogado Joel García insistió en que no se ha permitido que San Miguel designe a una defensa de su confianza

Tras cumplir más de una semana desde su detención, la activista por los DD. HH., Rocío San Miguel, recibió la visita de un familiar.

Se trata de su hija, Miranda Díaz San Miguel, de 24 años, quien, según el abogado defensor, Joel García, logró entrar a la sede del Sebin en El Helicoide, donde los tribunales ordenaron que fuera el lugar de detención de la presidenta de Control Ciudadano.

“El día de ayer domingo 18/2, por primera vez, fue autorizada la visita de un familiar (su hija) a Rocío San Miguel”, publicó el abogado, en su cuenta en X.

La joven “pudo constatar que su madre, a pesar de la injusta privación de su libertad, se encuentra fortalecida y muy confiada de su inocencia”, agregó.

Asevera que San Miguel también está segura de que “no existe nada que la comprometa en los delitos que le imputan”.

García afirma que su defendida “insiste que no le han permitido el derecho a nombrar la defensa técnica de su confianza”.

La hija de la activista también fue detenida, junto con ella, en el aeropuerto de Maiquetía y, posteriormente, fue liberada, pero con medidas cautelares como presentación en tribunales, no puede salir del país y tiene prohibibido dar entrevistas a los medios.

Se vence el plazo

En otros post, García alertó acerca de que se agota el tiempo para apelar el caso de San Miguel.

“Se agotan los lapsos para ejercer el recurso de apelación y para solicitar diligencias de investigación a fin de desvirtuar la imputación fiscal, pero obstaculizan el nombramiento y juramentación de la defensa técnica, y así mantienen al imputado en total indefensión”, expresó.

El Gobierno de Nicolás Maduro, a través de la Fiscalía, anunció que San Miguel está implicada en la operación “Brazalete Blanco”, por lo que la imputaron por varios delitos, entre ellos traición a la patria.

Esta detención ha desatado una ola de repudio nacional e internacionalmente.

Mientras que el gobierno de España, por tratarse de una ciudadana hispano-venezolana, está pendiente de su caso.

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