Pese a algunas detenciones de funcionarios públicos, el contrabando de combustible sigue siendo un flagelo en Venezuela
Pese a que desde el año pasado la administración de Nicolás Maduro puso en marcha la “operación Mano de hierro”, para frenar las mafias del contrabando de combustible, la misma ha fracasado.
Esta es la conclusión a la que llegaron varios especialistas que participaron en el foro «Escasez de combustible con mano de hierro», organizado por la ONG Transparencia Venezuela y el Consejo Ciudadano por el Combustible.
Los analistas creen que una de las causas del fracaso de esa operación es la poca fiscalización y control en la comercialización y distribución del combustible. Esto sigue generando contrabando de la gasolina y diésel.
Lo peor es que esos elementos son el caldo de cultivo de la corrupción que produce altos ingresos para los implicados, entre ellos funcionarios de las Fuerzas Armadas Nacionales.
Mano de seda
Nicolás Maduro puso en marcha el operativo «Mano de hierro» en enero del año pasado. A poco de cumplirse 18 meses desde su implementación, sus resultados son muy pobres.
Así lo señala, por ejemplo, la presidenta de la ONG, Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
“Todo lo relacionado con el manejo del combustible ha sido aplicado con mano de seda. El operativo se anunció para acabar con las mafias del combustible y del narcotráfico. Pero transcurrido el tiempo, habría que preguntarse si se eliminaron estos delitos o si se han consolidado las mafias del combustible en las estructuras de poder y del Estado”, dijo.
“Este operativo Mano de hierro se desvirtuó, porque en los casos de remociones de funcionarios militares se evidenció que cometieron algún delito. Pero, no se conocen los sanciones y mucho menos los procedimientos y correctivos”, señala San Miguel.
Lea también: DETUVIERON al jefe de la ZODI Anzoátegui: por presunto contrabando de gasolina
Los implicados
A través de la ONG se recuerda que son las FAN las que tienen el control de las gasolineras y la distribución del combustible, específicamente, mediante las Zonas Operativas de Defensa Integral (Zodi).
Por ello, resalta que sus funcionarios “son los principales responsables del desvío de gasolina más allá de la frontera o el contrabando, en el mercado interno”.
“Los casos más emblemáticos que se conocen hasta ahora son contra efectivos de la FAN on la detención en febrero de los jefes de la Zodi Trujillo y Zodi Anzoátegui”, dijo la presidente de la ONG.
Agregó que “los generales de división del Ejército, están presuntamente involucrados en el tráfico de combustible y fueron removidos de sus cargos. Pero ninguna autoridad habló de estos casos. Más allá de la remoción, no hubo un antejuicio de mérito ni una investigación penal, están activos y en libertad”, lamentó.
“Mientras exista el subsidio, existirá el tráfico del combustible y la corrupción. Es un negocio en auge, que proporciona altos ingresos a civiles y militares. Los actores claves son bandas y megabandas del tráfico internacional del combustible», remarcó San Miguel.
En el foro también participó Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV).
El directivo cree que se debe “proteger la cadena de comercialización y distribución del combustible”. Y pide “no dejar estos procesos en las manos que no deben estar”.
Por otro lado, Quintero insiste en que se tiene que “fijar un precio adecuado a la gasolina, incluso por encima de los actuales 0,50 dólares por litro”.
“La gasolina en 0,50 dólares el litro aún es un subsidio. La economía obedece a oferta y demanda, transparencia y leyes claras”, aclaró.
Subsidios y corrupción
De su lado, Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, insiste en que los subsidios a varios rubros y ahora a la gasolina, son “un gran estímulo para la corrupción” que ha hecho “millonarios a representantes del Estado”.
De Freitas rememoró, por ejemplo, que entre el 2003 y 2017, los subsidios ocasionaron pérdidas al Estado “por 115.029 millones de dólares. Mientras que entre 2008 y 2018 los actores gubernamentales, militares y relacionados recibieron, al menos, entre 21.000 millones y 31.000 millones de dólares por medio de la actividad ilegal de gasolina”.
“La gasolina venezolana al pasar a territorio colombiano, podría aumentar su valor 3.700 veces”, recordó.
Asevera que desde el 2017, el subsidio se hizo cada vez más difícil de mantener y la demanda imposible de cubrir.
“El consumo de gasolina previo a la pandemia era de 170 mil barriles diarios, pero la industria se encontraba en capacidad de proveer solo 30.000 barriles diarios”, dijo.
