La Corte Penal Internacional, afina todos los detalles para determinar la gravedad de los delitos de lesa humanidad que se cometen en Venezuela
La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), informó este lunes que el 23 de julio es la fecha tope para emitir decisión sobre el caso Venezuela.
Ese día vence el plazo para determinar si admite o no la investigación de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
La decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la (CPI) fue emitida el 2 de julio y suscrita por los jueces Peter Kovács, Reine Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera, informó Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal.
Esta sala también desestimó la solicitud de control judicial que presentó la administración de Nicolás Maduro por «improcedente y extemporánea».
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Esta decisión obliga a publicar las versiones obligadas de los escritos, pero protegiendo la identidad de la víctima.
Se deben publicar tanto lo que presentó la administración de Maduro, como los de la fiscalía.
Especialmente importante es el que consignó la fiscalía el 15 de junio de 2021, que versa sobre la admisibilidad.»
Decisión de la CPI
El mundo se encuentra expectante ante la decisión que emitirá la CPI sobre el caso de Venezuela, el cual se viene estudiando desde hace varios años.
Sin embargo, no fue hasta 2017, cuando la fiscal Fatou Bensouda admitió que en Venezuela se cometía delitos de lesa humanidad, en el marco de las protestas.
Desde allí realizaron dos exámenes preliminares relacionados con Venezuela.
El primero, llamado Venezuela I, abierto el 8 de febrero de 2018 para investigar los posibles crímenes cometidos desde abril de 2017.
Adicionalmente, el 27 de septiembre de 2018, seis estados partes del Estatuto de Roma solicitaron a la Fiscalía otra investigación.
Pero esta vez se trataba de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde el 12 de febrero de 2014.
Pese a esta solicitud, los informes de la Fiscalía de la CPI se han centrado hasta ahora en delitos presuntamente cometidos desde 2017.
El otro examen preliminar, llamado Venezuela II, lo presentó Nicolás Maduro el 13 de febrero de 2020.
En el mismo se pide a la Fiscalía que investigue los presuntos crímenes de lesa humanidad.
Esto como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela.
La decisión que se esperaba
En noviembre de 2020 la Fiscalía señaló que tenía «fundadas bases para creer que se han cometido crímenes competencia de la Corte en Venezuela al menos desde abril de 2017».
Semanas después anunció que daría a conocer sus conclusiones sobre las indagaciones que había hecho sobre el asunto venezolano.
Afirmó que tenía razones para creer que autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y civiles afectos al gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, la Fiscalía señaló que tenía razones para creer que los presuntos responsables de estos delitos son miembros de:
PNB, Sebin, DGCIM, FAES, CICPC, GNB, Conas y algunas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) .
Esto quiere decir que este examen pasó en diciembre de 2020 de la fase 2 a la 3.
Es decir, a partir de 2021 se encuentra en la fase de determinar la gravedad de esos delitos y si los responsables de los mismos han sido juzgados o no por la justicia venezolana.
¿Por qué Bensouda no emitió la decisión final?
Se lo impidió un recurso de control judicial introducido por Tarek William Saab Saab, ante la Sala de Cuestiones Preliminares de esa institución.
En esta acción, Saab acusaba a Bensouda de no respetar el debido proceso y el derecho a la defensa, de incurrir en discriminación y en no cooperar con las instituciones venezolanas, algo que ella negó hace unos días.
El martes 15 de junio, el mismo día que la fiscal de la CPI dejaba su cargo, la Sala de Cuestiones Preliminares dio respuesta al recurso, pero por la confidencialidad solicitada por el Gobierno venezolano no se conoció su contenido.
Sin embargo, el Ministerio Público venezolano publicó un comunicado en el que expresó que la Sala en su decisión no entró a conocer el fondo del asunto, pero reconoció la colaboración del Gobierno de Maduro con la Fiscalía e invitó a esta a seguir cooperando en el proceso abierto respecto de Venezuela.
CPI denegó petición de la administración de Maduro
Este 5 de julio, la Sala de Cuestiones Preliminares I, la CPI negó a la administración de Nicolás Maduro su petición para mantener en confidencialidad los documentos que demuestran que en Venezuela hay crímenes de lesa humanidad.
Documentos que forman parte del examen preliminar que desarrolla la CPI para determinar si existe fundamento suficiente para pasar a la siguiente etapa de investigación.
A través del fiscal, Tarek William Saab, Venezuela había solicitado el pasado 28 de mayo mantener la confidencialidad.
Para ese entonces la administración de Maduro adujo que faltaba complementariedad y colaboración de la Fiscalía de la CPI.
