Mantener confidencialidad sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela no es opción para la Corte Penal Internacional (CPI), se lo dijo a Maduro
A través de su Sala de Cuestiones Preliminares I, la CPI negó a la administración de Nicolás Maduro su petición para mantener en confidencialidad los documentos que demuestran que en Venezuela hay crímenes de lesa humanidad.
Documentos que forman parte del examen preliminar que desarrolla la CPI para determinar si existe fundamento suficiente para pasar a la siguiente etapa de investigación.
A través del fiscal, Tarek William Saab, Venezuela había solicitado el pasado 28 de mayo mantener la confidencialidad.
Para ese entonces la administración de Maduro adujo que faltaba complementariedad y colaboración de la Fiscalía de la CPI.
Sin embargo, el reclamo en contra de la Fiscalía de la CPI por el examen preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, no les dio fruto.
Por ahora el examen preliminar de la Fiscalía segurirá recabando información para determinar si existen esos crímenes de lesa humanidad en Venezuela y continuar con una segunda etapa.
Información que recolectará “de los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas”.
Asimismo podrá recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte.
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¿Por qué la CPI tiene su mirada puesta en Venezuela?
Hay que indicar es que, en la CPI, en particular en su Fiscalía, existen dos exámenes preliminares relacionados con Venezuela.
El primero, llamado Venezuela I, fue abierto el 8 de febrero de 2018 para investigar los posibles crímenes cometidos desde abril de 2017.
Es este examen el que actualmente se desarrolla y por el cual Maduro reclamaba confidencialidad.
Se trata de la denuncia que, en noviembre de 2017, realizó la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien acusó a altos funcionarios del Gobierno venezolano de cometer delitos de lesa humanidad.
Delitos como ejecuciones extrajudiciales, asesinato, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias masivas y torturas, fue el detonante.
De hecho, fue en febrero de 2018 que el tribunal en La Haya, dio inicio a un examen preliminar de oficio respecto de Venezuela.
Adicionalmente, el 27 de septiembre de 2018, seis Estados parte del Estatuto solicitaron a la Fiscalía que investigase crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde el 12 de febrero de 2014.
El otro examen preliminar, llamado Venezuela II, fue presentado por el Gobierno de Nicolás Maduro el 13 de febrero de 2020.
Par este caso se le pide a la Fiscalía que investigue los presuntos crímenes de lesa humanidad.
“Como resultado de la aplicación de medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente por el Gobierno de EE.UU contra Venezuela, al menos desde el año 2014”.
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