Roberto Picón y Enrique Márquez aseguran que las inhabilitaciones violan los derechos políticos de los ciudadanos
Los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) Roberto Picón y Enrique Márquez, rechazaron las inhabilitaciones contra varios aspirantes a alcaldes y gobernadores que se elegirán el próximo 21 de noviembre.
“Vemos con preocupación cómo vuelve a entrar en la escena política del país el uso de la sanción accesoria de la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, en tiempos en que se avecina un proceso electoral”. Así lo denunció Picón en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.
“Casos recientes evidencian cómo las condiciones constitucionales son obviadas”, aseveró.
Se refiere a los casos de Leocenis García y Eduardo Samán, aspirantes a la alcaldía de Caracas. A ellos se les impidió formalizar su candidatura por esta sanción.
“Los ciudadanos mencionados anunciaron su intención de ejercer su derecho político al voto al postularse a un cargo de elección popular”. Pero, los sorprendieron con “decisiones de última hora” que no les notificaron oportunamente.
Picón recordó el artículo 65 de la Constitución. Allí se establece que no puede optar a un cargo de elección popular quien haya sido condenado por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones. Esa circunstancia pretende garantizar los derechos fundamentales, como el político.
“Con tales previsiones constitucionales, se apunta a brindar la mayor garantía posible para el ejercicio de los derechos ciudadanos. Esto, sin que sufran interferencia por decisiones oportunistas en sede administrativa”, indicó.
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Violan derechos políticos
El rector dijo que la exigencia de la sentencia definitiva “pretende tutelar el derecho al debido proceso. Este incluye el derecho a la defensa, tanto en las actuaciones judiciales como en las actuaciones administrativas. Todo esto apegado al contenido del artículo 49 de la Constitución”, unos preceptos que, a su juicio, se obviaron en estos casos.
“Las inhabilitaciones políticas practicadas en estos términos mutan en su diseño constitucional. Pasan de ser penas accesorias a sanciones principales por la vía de los hechos”, alertó.
Agregó que a eso se suma “la agravante de que la sanción accesoria queda suspendida hasta el momento en el que el decisor juzgue conveniente activarla”. Esto se agrava con el hecho de que esa decisión discrecional da “un giro absolutamente inaceptable, por inconstitucional”. Los efectos de la misma, incluso, “violan los principios de supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales”.
Por su parte, el vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, también compartió la postura de Picón. Agregó, en su cuenta de Twitter, que “el uso discrecional de la sanción accesoria de inhabilitación para ejercicio de cargos públicos quebranta derechos políticos de los ciudadanos”.
La aplicación de las inhabilitaciones se producen en momentos en que oficialismo y oposición llevan a cabo conversaciones en México, para tratar de solventar la crisis del país.
Incluso, en medio de este proceso, la oposición agrupada en el G4 accedió a participar en los comicios, pese a que no se ha anunciado que hayan mejorado las condiciones electorales.
