Una medida anunciada por un alcalde en Perú, y rechazada por buena parte de organizaciones sociales, pone en evidencia la xenofobia de la cual son víctimas los migrantes venezolanos en ese país
Con la excusa de reducir la delincuencia en Perú, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, propuso este lunes que los extranjeros, en su mayoría migrantes venezolanos, en el país no realicen actividades de delivery, taxi o mototaxi.
“La delincuencia se camufla cuando hay informalidad. Lamentablemente, para este sector puede ser discriminatorio. Restringir temporalmente, mes a mes, que los extranjeros realicen actividades de mototaxi, taxi y servicio de delivery. El Congreso hasta ahora no regula el servicio de delivery”, cita La República.
La propuesta no tuvo eco, por el contrario apenas se conoció, muchos la tildado de xenofóbica y discriminatoria.
Más operativos
Una de las propuestas hechas por el alcalde para llevar a cabo esta medida es realizar operativos constantes en todo Lima y Callao. También recomendó trabajar de la mano con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), Migraciones, entre otras entidades.
Argumentó que “el 70%, 80%, lamentablemente, son extranjeros los que comenten este tipo de eventos delictivos. Esta propuesta la estoy poniendo al debate público para que el Congreso, el Ejecutivo y la PNP puedan afinar en una política contundente. Por algo estamos en estado de emergencia”.
Tanta fue la polémica que la alcaldía emitió un comunicado para aclarar aclarar las declaraciones del burgomaestre y señalaron que Paz de la Barra se refirió “a los extranjeros indocumentados, puesto que el 70% de eventos delictivos en estos vehículos son cometidos por ciudadanos de otros países. Aunque no aclararon de dónde sacaron dicha estadística”.
La prensa local reseña que “no es la primera vez que presentan una iniciativa que atenta contra ciudadanos venezolanos”.
Reseñan que “en diciembre del 2021, el Gobierno lideró un plan para expulsar a 41 de ellos del país”. Advierten que “esto no se logró, ya que las autoridades no habían coordinado del todo con el presidente Nicolás Maduro”.
Migración venezolana en Perú
De acuerdo a la cifras que maneja ACNUR más de un millón personas venezolanas han llegado al Perú y más de 496.000 han solicitado la condición de refugiado.
Por esta razón, Perú es el primer país de acogida de personas venezolanas con necesidad de protección internacional y el segundo destino de refugiados y migrantes venezolanos a nivel mundial.
A los fines de atender la crisis migratoria, ACNUR abrió oficinas en la capital Lima, en las fronteras norte (Tumbes) y sur (Tacna).
Asimismo en ciudades de alta concentración de personas venezolanas como Cusco y Arequipa. La crisis social venezolana es la principal causa de migración.
De acuerdo a informe de la Cámara empresarial peruano venezolana (Cavenpe) hasta el mes de septiembre del año pasado, los extranjeros habían generado un impacto positivo de S/ 138 millones en la economía peruana.
Alcaldes rechazan propuesta
La propuesta considerada discriminatoria también fue rechazada por algunos alcaldes que conforman la mancomunidad de Lima Este.
En tal sentido, el alcalde de Ate, Edde Cuellar aseguró que “es una propuesta populista y hasta podría ser xenófoba porque no podemos permitir que muchos extranjeros que día a día se sacan el ancho puedan verse agredidos”.
Cabe precisar que apenas salieron a la luz las declaraciones de Paz de la Barra, muchos la han tildado de xenofóbica y discriminatoria, postura que también la comparte el alcalde de San Luis, Zee Carlos Corrales.
Defensoría del Pueblo también rechazó la propuesta
Mientras que la Defensoría del Pueblo se pronunció y recomendó a las autoridades evitar “criminalizar y estigmatizar la migración”.
A través de sus redes sociales la Defensoría advierte que “los discursos que buscan criminalizar y estigmatizar la migración, especialmente cuando provienen de autoridades estatales y locales, representan barreras infranqueables para el ejercicio de derechos de las personas extranjeras y su inclusión en el país”.
