El cuarto informe de la Misión de Determinación de Hechos alerta acerca de la forma como la administración de Maduro usa mecanismos duros blandos para seguir persiguiendo a la disidencia
Finalmente, este lunes fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cuarto informe de la Misión de Determinación de Hechos de la organización sobre Venezuela, encabezada por Marta Valiñas e integrada por un equipo que ha documentado las persistentes violaciones de la DD.HH, en el país.
“Las investigaciones de la misión han permitido construir un panorama de los
métodos de represión “duros” y “blandos” desplegados en la República Bolivariana de Venezuela contra opositores reales o percibidos como tales. Se trata de dos componentes de un aparato opresivo del Estado que se ha utilizado en diversos grados, dependiendo de la naturaleza de la disidencia social y de la percepción de su influencia”, destacan las conclusiones del documento leído ante los asistentes a la reunión.
Por un lado, agrega, “durante el período anterior de protestas populares masivas en las calles venezolanas entre 2014 y 2019, las tácticas de “mano dura” más violentas se utilizaron activamente para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso mediante la comisión de delitos. Por otro lado, el uso por parte del Estado de tácticas coercitivas más “suaves”, aunque presente anteriormente, se ha vuelto más recurrente en los últimos años”, señala.
Añade que “el uso por parte del Estado de su aparato opresivo se ha vuelto más selectivo, debido en parte al “efecto inhibitorio” de sus anteriores esfuerzos por anular la disidencia, al escrutinio internacional de las violaciones cometidas en el pasado, así como al hecho de que muchas personas huyeron del país por temor fundado a ser perseguidas por motivos políticos”.
Sin embargo, “el uso de mecanismos de represión más “suaves” se ve respaldado por la amenaza latente de que el Estado puede recurrir en cualquier momento a mecanismos más “duros”, que el Gobierno puede activar o desactivar a voluntad. Por ello, es imperativo que la justicia real y efectiva y la rendición de cuentas”.
Alerta que “la estructura represiva del Estado no se ha desmantelado, y el Gobierno ha intensificado recientemente sus esfuerzos de reducir el espacio cívico y democrático, coartando las libertades individuales y colectivas y extendiendo su control sobre la labor de personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, medios de comunicación y partidos políticos”.
“En conjunto, estos dos tipos de mecanismos, “duros” y “blandos”, conforman un aparato represivo del Estado usado con distintos niveles de intensidad, dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social”, dijo Francisco Cox, experto de la Misión. “Esto muestra la capacidad adaptación del Estado para sofocar la crítica”.
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Un ejemplo
Para dar un ejemplo, cita el caso de los seis sindicalistas condenados a más de 16 de cárcel, por “conspiración”, cuando lo que hicieron fue protestar por reclamar mejoras laborales.
“Al criminalizar la participación en actividades legítimas, el Estado silencia y crea un efecto que amedrenta a cualquiera que se plantee participar en alguna acción que pueda percibirse como crítica al Gobierno”, aseguró Patricia Tappatá Valdez, experta de la Misión.
“La falta de independencia, y también la actuación deliberada de las instituciones judiciales y constitucionales -como la Contraloría y el Consejo Electoral- coartan los movimientos de líderes sociales y dirigentes políticos. La dinámica en su conjunto asfixia y suprime el debate y la vida política”, enfatiza.
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— ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) September 25, 2023
Inicia la presentación del cuarto informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre #Venezuela ante el
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