La Asociación Mundial de Juristas se reunió en Colombia, donde también se evaluó la situación de países como Perú, Bolivia y El Salvador
El XXVII Congreso Bienal de la Asociación Mundial de Juristas (WJA, sigla en inglés) denunció este viernes las “falsas democracias” en varios países de América Latina.
“Queremos denunciar la situación de Cuba donde el Estado constitucional y democrático del derecho lleva muchos años sin existir. Así como mostrar nuestra especial atención en otros países como Venezuela y Nicaragua”. De esta manera lo señala la declaración final leída por Manuel Aragón Reyes, magistrado emérito del Tribunal Constitucional de España.
En el documento se abarcan los diversos asuntos tratados por juristas de todo el mundo en su cita de estos dos días en Barranquilla, Colombia. Subraya su defensa del Estado de derecho así como la ausencia de este en varios países latinoamericanos.
El texto se refirió a “la situación de deterioro de la democracia constitucional en algunos países”. La situación “se está manifestando bajo formas de autoritarismos encubiertos con falsas democracias que quebrantan los derechos humanos”.
La declaración también llama la atención sobre las acciones populistas que ponen en peligro las instituciones democráticas en otros países del continente.
“Ese mismo riesgo se corre en Perú, Bolivia, El Salvador y en otros países como México. Se está poniendo en peligro la democracia constitucional”, señala el documento.
Los juristas hicieron énfasis en que “es la democracia la única forma política que ha probado históricamente su efectividad para lograr una ordenada convivencia y la humana”. Cuestiona a los gobiernos que apelan a “la paz sin derecho”.
“Es una falsa paz porque está apoyada en la fuerza, elimina las libertades ciudadanas y conduce a una paz sin justicia”, reza la declaración. Hace referencia, además, a la necesidad de promover las condiciones materiales para brindar un bienestar al que todos tengan acceso, reseñó Efe.
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Cambio climático
El cambio climático y el compromiso de los gobiernos para frenar las emisiones de carbono también se abordó en la declaración de los juristas.
“Entre los 17 objetivos de desarrollo sostenible (de la ONU) resaltamos los esfuerzos frente al cambio climático, uno de los problemas que más afecta a la humanidad porque pone en peligro la subsistencia de la vida”, señala el texto.
Igualmente, subraya que, ante esa amenaza, “el tiempo para reaccionar se está acabando”. Y destaca que el derecho es uno de los instrumentos esenciales para revertir los efectos.
“Los Estados deben tener una legislación estable para que disminuya el uso de los combustibles fósiles y se apoye y promocione las energías limpias”, dice la declaración
