jueves, abril 18, 2024

Venezuela: Estado policial avanza en el contexto de la COVID-19, denuncia HRW

La ONG HRW elaboró un informe que resume las violaciones a derechos fundamentales de los venezolanos durante la cuarentena

Las fuerzas de seguridad y las autoridades venezolanas usan las medidas para contrarrestar la propagación de la COVID-19 como una excusa para reprimir voces disidentes. Avanza un Estado policial que intensifica su control férreo sobre la población, señaló este viernes Human Rights Watch, HRW, en un informe.

Desde que se declaró el estado de excepción para combatir el coronavirus, el régimen ha detenido en forma arbitraria y procesado penalmente a decenas de personas. El informe destaca que las principales víctimas de esta actuación son “periodistas, trabajadores de la salud, abogados de derechos humanos y opositores políticos que critican a Nicolás Maduro.

Destaca que “a muchos de los detenidos se les imputan delitos previstos en una ley contra el odio absurda y excesivamente amplia. Son procesados por un poder judicial sin la más mínima independencia”.

Denuncia que “a los abogados de los acusados se les concede un acceso muy limitado a los expedientes judiciales y a los fiscales”. Esto debido al cierre de tribunales por la cuarentena. Algunos detenidos sufren abusos físicos que podrían constituir torturas”, alerta.

“El estado de excepción hace que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

“En la Venezuela de hoy, no es posible siquiera compartir un mensaje privado vía WhatsApp en el cual se critique a los incondicionales de Maduro sin temor a convertirse en objeto de persecución penal”, agregó.

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HRW critica medidas de excepción

La ONG critica que desde el 13 de marzo, Nicolás Maduro emitió el decreto de estado de “excepción y alarma” en todo el país. Sobre todo porque prorrogó ese estado cinco veces, superando el límite constitucional de 60 días. “La Asamblea Nacional, de no aprobó las medidas, aunque la ley exige tal aprobación”.

El decreto autoriza a las fuerzas de seguridad a realizar “inspecciones” cuando las “estimen necesarias”. En la práctica, quienes se encargan de que la población cumpla con las medidas de cuarentena son las Fuerzas Armadas; la policía, incluida la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Denuncia HRW que estos organismos están implicados en ejecuciones extrajudiciales; y grupos armados partidarios del gobierno conocidos como “colectivos”. Estos grupos colaboraron con las fuerzas de seguridad en las arremetidas contra opositores en 2014 y 2017.

Recuerda que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó en julio que hubo una “aplicación discrecional” del estado de emergencia por parte de militares.

Los casos

A partir de un análisis de casos reportados Human Rights Watch identificó casos en los cuales 162 personas habrían sido víctimas de hostigamiento, detención o persecución penal entre marzo y junio.

La organización no gubernamental venezolana Foro Penal informó que hubo 257 detenciones arbitrarias entre marzo y julio. Entre mayo y agosto, Human Rights Watch entrevistó a través de WhatsApp a víctimas y sus familiares y/o abogados en ocho casos. Sus testimonios y las pruebas que los corroboran coinciden con lo señalado por otras organizaciones.

Las investigaciones de Human Rights Watch revelaron que las autoridades han hostigado, detenido y procesado a opositores políticos, incluyendo varios legisladores. Los  periodistas que publican información crítica también son detenidos.

Igual suerte corren “los, trabajadores de la salud que cuestionan el manejo de la pandemia por las autoridades. Así como los abogados de derechos humanos que brindan apoyo legal a manifestantes que protestan contra la falta de agua, combustible o medicamentos.

Agentes de las fuerzas de seguridad también confiscaron teléfonos celulares y computadoras portátiles de periodistas, a quienes han obligado a borrar fotografías o grabaciones de video.

Para conocer el informe completo haga clic en este enlace:

https://www.hrw.org/es/news/2020/08/28/venezuela-estado-policial-avanza-en-el-contexto-del-covid-19

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