Tarek William Saab escribió otro informe donde le dice a la CPI que a través de redes sociales y el uso de influencers y etiquetas, se trata de imponer una matriz de opinión negativa sobre Venezuela e incluso que distorsionan los hechos para que parezca que en el país se cometen crímenes de lesa humanidad
El fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, ahora culpa a las redes sociales de la “mala imagen” de Venezuela, ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Así lo dio a conocer el funcionario en un comunicado publicado en las redes sociales que critica.
“Presentamos ante la Fiscalía de la CPI un informe ampliatorio al presentado el 06.05.21”. El mismo es “sobre incidencia y utilización de las redes sociales en el caso Venezuela”, dice el mensaje de Saab.
Agrega que este informe es “ilustrativo de la manipulación mediática que ha caracterizado al examen preliminar” de la CPI.
Concluye que “las redes sociales y medios de comunicación son una parte activa en la distorsión de la información referente a Venezuela. Demuestra con ejemplos cómo se utilizan para incidir en la evaluación que hace la CPI”.
Afirma que se usa Twitter, por ejemplo, “para manipular hechos concretos y dotarlos de una calificación jurídica mayor más grave”.
Asegura que de esta forma se “invisibiliza el trabajo de las autoridades” para el esclarecimiento de los hechos.
Insiste en que se usan las redes, a través de “avatares” “de cierta credibilidad”, para “transmitir la idea de que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad”. Todo “para influir en la propia decisión a futuro” de la CPI.
Explica que para lograr este objetivo, se usan etiquetas e influencers “para apoyar corrientes de opinión que influya en la predeterminación de delitos como crímenes de lesa humanidad”.
Tarek William Saab asevera que tales versiones son “falsas” y “carentes de argumentos”.
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A la espera del pronunciamiento
Se trata del tercer informe que el fiscal de Maduro envía a la CPI. Básicamente, reclama a la titular del organismo, Fatou Bensouda, que le dé un “trato igualitario” al Estado venezolano, en relación con otras naciones que tienen procedimientos pendientes en la Corte.
De hecho, en los próximos días se espera un pronunciamiento de la CPI sobre una investigación preliminar en Venezuela.
Ya el año pasado, Bensouda informó que la Corte tenía “serios indicios” de que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad.
La información de la Fiscalía señala directamente a las fuerzas de seguridad de Venezuela, como las presuntas responsables de los crímenes.
Se trata, específicamente, de: la Policía Nacional Bolivariana (PNB); el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim); la Fuerza de Acciones Especiales (FAES); el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Si se inicia la fase 3 del proceso penal internacional, la CPI podría imputar a los funcionarios señalados en el examen preliminar por delitos de lesa humanidad y serían llevados ante la Corte.
Es así como se abre la posibilidad de que Nicolás Maduro sea el primer presidente en América Latina en ser llevado a juicio, ante la CPI.
Por otro lado, se espera que la alta funcionaria rinda este último informe, antes de cesar en sus funciones y pasarle el testigo a su sucesor, Karim Khan.
