El presidente del TSJ de Maduro, rechazó el informe que realizó la misión de la ONU y dijo que “es un mecanismo de agresión” contra el régimen
El TSJ de Nicolás Maduro, rechazó el informe presentado el 16 de septiembre por La misión internacional de la ONU, encargada de investigar la situación de DDHH en Venezuela.
El informe de 443 páginas, concluye que Nicolás Maduro y sus ministros son responsables de crímenes de lesa humanidad.
Maikel Moreno, leyó el comunicado en el que asegura que el informe, “busca aniquilar la verdadera imagen sobre la garantía a los derechos humanos impulsada por el gobierno”.
Aseguró, además, que el documento es realizado por una misión de la ONU paralela, “elegida por el hostil y minoritario auto determinado Grupo de Lima”.
“El pasado año, durante las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, impusieron este mandato, cuyo principal objetivo es cuestionar al legítimo gobierno de Venezuela y sus instituciones”.
Asegura que el informe “se apoyó en una irrita resolución que vulnera los principios del derecho internacional, expresado en la soberanía, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia de los asuntos internos”.
“Esta misión se convierte en un nuevo mecanismo de agresión que pretende esbozar y publicitar una serie de apreciaciones sesgadas sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país”, dijo.
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Además, criticó que el documento se redactó de “manera unilateral y parcializada”.
Moreno insiste que el informe evidencia “una franca manipulación y el uso indebido del sistema internacional de derechos humanos”.
Régimen involucrado en ejecuciones y torturas
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Venezuela dijo tener razones para creer que “tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe”.
Entre las violaciones presentadas en el informe incluyen “las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura”.
Los enviados investigaron 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos.
Los enviados recolectaron información “que demuestra que las autoridades del Estado ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares». Así como de «las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.
