El Tribunal de Apelaciones de Inglaterra analizará lo argumentos de ambas partes para que luego se defina cuál de las juntas del BCV es legítima
Esta semana, el Tribunal de Apelaciones de Londres analizará el recurso del régimen de Nicolás Maduro. Esto, contra el fallo que dio al equipo ad hoc del presidente encargado, Juan Guaidó, el control sobre las reservas de oro de Venezuela. Son unos 1.300 millones de dólares depositados en el Banco de Inglaterra.
Las audiencias comienzan este martes y culminan el jueves. Tras escuchar a las partes, los jueces Kim Lewison, Stephen Males y Stephen Phillips decidirán. La fecha en que darán a conocer este fallo aún no se define.
Pero, los jueces deben decidir si su colega Nigel Teare acertó cuando el 2 de julio se declaró a favor de Guaidó. Este juez pertenece a la división Comercial y de la Propiedad del Tribunal Superior, en Inglaterra.
Teare dictó que la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Guaidó y no la oficial designada por Maduro, es la puede acceder a los lingotes de oro venezolanos, informó la agencia EFE.
El juez consideró que el gobierno británico reconoció inequívocamente a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Por tanto la junta nominada por él, tiene autoridad sobre las reservas.
También dictó que el tribunal inglés no tiene potestad para someter a examen la legalidad de los nombramientos de la junta del BCV.
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Decisión crucial
Durante ese proceso, el abogado de la junta de Maduro, Nick Vineall, adujo que Londres mantiene lazos diplomáticos con el régimen. Estas relaciones se dan, a pesar de que Inglaterra solo reconoce a Guaidó.
Andrew Fulton, por parte de la junta de Guaidó, sostuvo que el Ejecutivo británico reconoce claramente al opositor como cabeza del Estado de Venezuela. Por tanto el tribunal debe hacer lo mismo, con base en la doctrina de una sola voz aplicable en el Reino Unido.
El Tribunal de Apelaciones tendrá que dirimir por un lado si el Reino Unido en realidad reconoce a Guaidó. Y también si tiene potestad para examinar sus actos declarados ilegales en Venezuela.
La Justicia británica debe establecer cuál de las dos juntas es la legítima. La finalidad es avanzar en la demanda presentada en mayo contra el Banco de Inglaterra.
Calixto Ortega, acusa a la entidad financiera de violar el contrato. Argumenta que quiere cumplir su orden de transferir 930 millones de euros de las reservas a un fondo de la ONU para lucha contra la COVID-19 en Venezuela
