Owens Illinois está peleando por recuperar el pago que le debe la administración de Maduro luego de que expropiaran dos de sus plantas; sin embargo, el tribunal de La Haya no considera pertinente la forma en que lo están intentando
Este fin de semana se conoció que el tribunal de apelaciones de La Haya declaró sin lugar un recurso intentado por una transnacional vinculada a la administración de Nicolás Maduro, en el marco de una deuda contraída por el impago de las expropiaciones de dos plantas industriales.
De acuerdo con el medio Crónicas del Caribe, esta corte, que integran tres magistrados, no admitió la apelación interpuesta por Owens-Illinois, con la cual pretendía cobrar la deuda de Venezuela, mediante acciones contra bienes de Petróleos de Venezuela ubicados en el extranjero.
Este recurso lo emitieron porque Owens no ha podido cobrar a la administración de Maduro más de 402 millones de dólares que le adeuda por una disputa que fue sentenciada por Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una entidad adscrita al Banco Mundial especializado en este tipo de casos.
En marzo de 2015, el Ciadi dictaminó la ilegalidad de las expropiaciones de dos plantas para la fabricación de productos de vidrio pertenecientes al reclamante: Owens-Illinois de Venezuela y la Fábrica de Vidrios Los Andes (Favianca). Inicialmente, el monto fijado para resarcir el daño a la transnacional fue de 372,4 millones de dólares, pero con el pasar de los años, se han sumado millones de dólares en intereses.
Las expropiaciones fueron ordenadas por el entonces presidente Hugo Chávez en 2010, quien comenzó esta actividad en el año 2044 con varias empresas privadas del país.
Lo que pide Owens
El primer intento por recuperar su dinero lo realizaron en el año 2022; sin embargo, el juzgado de los Países Bajos rechazó el argumento de que se podía establecer una identificación plena entre Maduro, Pdvsa y sus filiales registradas en la nación europea, aunque la estatal petrolera no haya sido responsable por la expropiación de las fábricas.
“La cúpula de la empresa está formada en su totalidad por compañeros de partido del presidente de Venezuela. Los bienes de PDVSA son utilizados por Venezuela para fines públicos y PDVSA no solo opera como una empresa petrolera, sino que también se presenta (aparentemente) como un organismo de gobierno con su propia agenda pública”, afirmó la reclamante.
Owens argumentó que, al verse incapacitada para llegar a los bienes de Pdvsa en territorio nacional, la indemnización debería concretarse mediante la plena identificación entre esta empresa, el gobierno y las firmas como Propernyn y Pdv Europa, inscritas en La Haya. Esto indicaría que conforman un mismo grupo, tal y como lo dispone la Ley Orgánica de Hidrocarburos venezolana.
Pero el tribunal neerlandés no admitió este argumento, ni la pretensión de que una empresa ligada al Estado venezolano pueda ser responsabilizada por las deudas de ese estado.
En este caso, además, Owens deberá cancelar más de 23 mil euros en costas judiciales y honorarios para los abogados de la estatal petrolera venezolana. Por el momento, la transnacional no podrá cobrar la indemnización por las expropiaciones de sus dos plantas en Venezuela.
