El Tribunal de Justicia de la UE cree que “el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que las medidas restrictivas en cuestión no surtían efectos directamente en la situación jurídica de Venezuela”
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló este martes un fallo del Tribunal General. El mismo negaba a Venezuela el derecho de cuestionar legalmente sanciones en su contra. El primer tribunal devolvió el caso para reexaminarlo.
De acuerdo con el TJUE, Venezuela “está efectivamente legitimada para impugnar un reglamento que establece medidas restrictivas en su contra”.
Por ello, el TJUE “anula la sentencia del Tribunal General. Este había declarado lo contrario y le devuelve el asunto para que se pronuncie sobre el fondo del recurso de anulación”, reseñó la agencia AFP.
El caso
En febrero de 2018, Venezuela presentó ante la justicia europea un pedido de anulación de un reglamento adoptado por el Consejo Europeo el año anterior. El mismo incluía sanciones por la situación política en el país.
Posteriormente, Venezuela solicitó que la anulación se extiendiera a otros dos reglamentos adoptados por el Consejo. Estos reglamentos pedían prorrogar las sanciones.
Sin embargo, en septiembre de 2019 el Tribunal General de la Unión Europea (UE) desechó como inadmisible la demanda venezolana. Consideraba que el país no era competente para actuar legalmente contra medidas restrictivas adoptadas por la UE.
Además, ese tribunal consideró que Venezuela no demostró que las sanciones la hubieran afectado directamente.
En noviembre de 2019, finalmente, Venezuela presentó al TJUE un recurso de casación a ese fallo del Tribunal General.
Así, entre otros asuntos el TJUE debió analizar si, a la luz de la jurisprudencia europea, un país que no pertenece al bloque puede presentar un recurso de anulación de medidas restrictivas adoptadas por el Consejo.
Un error
En su fallo anunciado este martes, el TJUE señaló que “el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que las medidas restrictivas en cuestión no surtían efectos directamente en la situación jurídica de Venezuela”.
Las medidas adoptadas “impedían a Venezuela procurarse numerosos bienes y servicios. El TJUE deduce de ello que estas disposiciones surten efectos directamente en la situación jurídica de dicho Estado”, apuntó la corte.
La UE adoptó en febrero de este año la quinta tanda de medidas restrictivas contra funcionarios de Venezuela a raíz de la “grave situación que persiste” en ese país.
Los cancilleres europeos añadieron a “19 personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas”, y de esa forma el número de venezolanos que son objeto de sanciones de la UE asciende a 55.
Las recientes sanciones
La acción del Tribunal se produce exactamente cuatro meses después que la UE emitió y amplió sanciones contra 19 altos funcionarios de Maduro, entre ellos jueces, políticos y militares. Las mismas se aplicaron a los implicados en el proceso electoral del pasado 6 de diciembre. El motivo era la “violación de derechos fundamentales” en el país.
Con esta nueva ronda de sanciones, la UE ampliaba de 36 a 55 personeros maduristas afectados por las medidas. En este lote incluyó a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez y a Diosdado Cabello.
Indira Alfonzo, expresidenta del Consejo Nacional Electoral y el comandante del CEOFANB, Remigio Ceballos, también estaban entres los sancionados.
Las nuevas restricciones recayeron igualmente sobre varios diputados de la Asamblea Nacional, constituida el 5 de enero. También sobre varios magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo por “usurpar los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional” y “menoscabar los derechos de la oposición”.
Las sanciones implican la prohibición de entrar al territorio comunitario y la congelación de los activos y bienes que tengan en la Unión Europea.
“Los individuos añadidos a la lista son responsables, en particular, de menoscabar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y por serias violaciones de los derechos humanos y restricciones de libertades fundamentales”, argumentaron los miembros de la UE.
Esta medida ocasionó un grave impasse entre la UE y la administración de Maduro. A tal punto que a la embajadora de la Unión, Isabel Brilhante, la expulsaron del país, pocos días después.
¿Qué es el TJUE?
Este tribunal tiene como funiones garantizar que la legislación de la UE se interprete y aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros; garantizar que los países miembros y las instituciones europeas cumplan la legislación de la UE.
El Tribunal resuelve los litigios entre los gobiernos nacionales y las instituciones europeas.
En determinadas circunstancias, también pueden acudir al Tribunal los particulares, empresas y organizaciones que crean vulnerados sus derechos por una institución de la UE.
Está integrado por un juez por cada país miembro y 11 abogados. Mientras que el Tribunal General está compuesto por dos jueces por cada país de la UE.
El TJUE tiene su sede en Luxemburgo y fue fundado en 1952.
