El informe precisa que las FAES tiene 432 denuncias de casos de asesinatos, seguida por el Cicpc con 202 casos, la GNB con 86, el Ejército con nueve, la DGCIM con cinco, y las policías estatales y municipales con 243
En el año 2019, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) reportó 574 víctimas de torturas, el doble de las cifras presentadas en 2018 cuando se registraron 109 casos.
En su informe anual, Provea precisa que los asesinatos y torturas en Venezuela en 2019 dieron un salto de 50%.
“Genera alarma el asesinato de 23 personas a consecuencia de las torturas recibidas por agentes de la fuerza pública”, indica el informe.
“Comparado con la cifra registrada en 2018 (13 personas asesinadas), durante el actual período de estudio se produjo un aumento de 176,92% en el número de muertes, siendo además el registro más alto de los últimos 30 años”, precisa el documento.
El informe que fue construido con el testimonio de los familiares de las víctimas y reportes de prensa, señala que las torturas se aplicaron “en las cárceles y comisarías del país contra los más pobres y los disidentes más temidos por la dictadura: los militares”.
En el documento se identifican que 2.103 personas fueron víctimas de violación a su integridad personal, “lo que representa 40,19% del total individualizado. De estas, 97,76% fueron del género masculino (2.056) y 2,23% del género femenino (47)”.
De los casos de tortura y muerte más emblemático, destaca dentro del informe el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió a mediados del año pasado a consecuencia de las torturas que recibió tras ser detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Fsicalía solo imputó a dos militares a los que les dictaron cargos por el delito de “homicidio preterintencional concausal” en medio de críticas de activistas y opositores que exigieron que los implicados fueran procesados por la ley contra la tortura y se les aplicaran sanciones más severas, reseñó la agencia VOA.
Provea reportó también 2.102 asesinados en 2019. De éstos, 1.045 murieron a consecuencia de “intervención de policías y militares”. Para el año anterior se reportaron 663 casos de violaciones al derecho a la vida.
En la evaluación la organización humanitaria señala que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la policía nacional tiene 432 denuncias de casos de asesinatos, seguida por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas con 202 casos, la Guardia Nacional con 86 el Ejército con nueve, la DGCIM con cinco, y las policías estatales y municipales con 243.
