Provea indica que 858 personas fueron víctimas de tortura, tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes durante el año 2020
Las medidas adoptadas por Nicolás Maduro, en el marco de la pandemia acentuaron los mecanismos de control territorial y dominación poblacional. La ONG Provea denunció que, además de esto, durante la permanencia de Maduro en el poder, desde el 2013, los organismos de seguridad del Estado han ocasionado la muerte de 76 personas, a causa de la tortura.
En un informe publicado por la ONG, se hace un resumen de lo ocurrido en el país, a consecuencia de las medidas aplicadas por Maduro, desde que llegó la COVID-19 a Venezuela.
“Ninguna de las decisiones dictadas por el Ejecutivo en 2020, incorporó una visión civilista y científica respecto a la pandemia. Por el contrario, la lógica empleada por las autoridades respondió a la tradicional mirada militarista. La misma se basa en la agotada doctrina de seguridad nacional”, destaca el escrito.
“Entre enero y diciembre de 2020, Provea registró 285 denuncias de violaciones al derecho a la integridad personal, con un saldo de 2.727 víctimas”, agrega.
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El ojo puesto sobre Venezuela
Por ello, “las graves violaciones a los derechos humanos que siguen ocurriendo, obligan a los órganos internacionales a afianzar el monitoreo e investigación en el país”.
Es así como, en el 2020, “por primera vez, una Misión de Determinación de los Hechos de la ONU se instaló en Venezuela. Por primera vez, la Corte Penal Internacional dijo que podría pasar a fase de juicio a funcionarios” de Maduro “por la comisión de crímenes contra la humanidad”.
Destaca el documento que “la Oficina de la Alta Comisionado para los DD.HH. de la ONU insistió en la existencia de un patrón generalizado y sistemático dirigido a aplastar la disidencia y el descontento social”.
Para esa instancia, “las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos revelan la existencia de una política o plan de Estado”. La misma está “dirigida a promover, tolerar y encubrir los abusos mediante prácticas para causar terror en la población”.
Recuerda que “a comienzos de año, diversos mecanismos de la ONU advirtieron sobre los peligros de exacerbar las medidas de control de Estado”. Se refería a las medidas de los gobernantes “para mitigar los efectos de la pandemia”.
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Terrorismo de Estado, la pandemia nuestra
En 2020 las violaciones al derecho a la integridad personal tuvieron dos focos. Uno es el aumento de las amenazas y el otro, los tratos crueles contra personas privadas de libertad.
La directiva de Sidor encabezó la lista de violaciones a la integridad personal, con 1.000 amenazas y hostigamiento contra sus trabajadores. Esto representan 36,6% del total registrado en 2020. “Los mandos de la acería mostraron su consonancia con la política oficial: amenazar y hostigar para evitar los reclamos laborales”, dice el informe.
El Ministerio de Asuntos Penitenciarios (MPPAP) ocupó el segundo lugar con 308 víctimas. “A todas esas personas, las autoridades las obligaron a padecer hambre, a sufrimientos derivados de enfermedades. Esto, sin contar con atención médica, y a condiciones de insalubridad que constituyen tratos crueles”.
Provea indica que 858 personas fueron víctimas de tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes durante el año 2020. “Este es el segundo registro más alto de víctimas por este sub-patrón en los ocho años de mandato de Nicolás Maduro. Solo los superan las 970 personas afectadas durante el año 2018”.
Asimismo, hubo “59 denuncias involucran a 14 corporaciones de seguridad. Además de cuatro entes de la administración pública central y descentralizada. Y tambien a agrupaciones paramilitares están implicadas en el delito contra la integridad personal”.
El infierno de las cárceles
En este caso, el ministerio para Asuntos Penitenciarios, bajo el mando de Iris Varela, encabezó el listado de casos con 308 víctimas (35,8%).
“Todos los afectados son personas privadas de libertad que se encontraban recluidas en centros penitenciarios. Las sometieron a recurrentes episodios de negación de alimentos y falta de atención médica. Tuvieron precarias condiciones de detención que lesionaron sus derechos a la vida y a la integridad personal”, destaca.
Alerta que “la situación de abandono de la población reclusa en Venezuela constituye una práctica de trato cruel, inhumano y degradante. La misma está ocasionando muertes en los recintos carcelarios”.
Y añade que “a la cotidiana exposición a la violencia física de miles de jóvenes pobres venezolanos en las cárceles del país, se suma la revictimización. La misma se genera por el sometimiento al hambre y la ausencia de servicios y tratamientos de salud”.
Aclara Provea que la Corte IDH señala que el concepto de tortura y tratos o penas crueles no se limita solo a las prácticas de violencia física o psíquica. Uncluye también las condiciones de detención que no respetan la dignidad humana. Y esto es consecuencia del “hacinamiento, malas condiciones de reclusión, sanciones disciplinarias abusivas y falta de atención médica”.
Lamenta que “durante 2020, las frágiles condiciones de vida de las personas privadas de libertad y bajo custodia del Estado, se resintieron, aún más. Los acostumbrados obstáculos para acceder a las atenciones básicas, “se exacerbaron por las medidas oficiales para contener el avance del virus”.
Pore ello, en el 2020 ” 97 personas murieron en las cárceles venezolanas a consecuencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Asimismo, “otras tres personas murieron en similares condiciones, por hambre y enfermedades. Esto pasó “en los calabozos del CICPC y de la Policía del estado Zulia. Otras 57 personas murieron a consecuencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes en 2019. Para el 2020, se registró un aumento de 70,17%.
Desde que asumió el poder en 2013, Maduro acumula 36.842 víctimas de violaciones a la integridad personal, 85,8% más que el total de víctimas registradas por Provea entre los años 1990 y 2012.
