El activista Humberto Prado, presentó una recopilación de los reportes de varias ONG y organismos que alertan sobre la precariedad de los DD.HH. en Venezuela
Humberto Prado, representante para los derechos humanos de Juan Guaidó, entregó este lunes, a organizaciones internacionales, un informe sobre la violación de los DD.HH. en Venezuela.
Prado documentó desde la realidad de los presos y las torturas a las que los someten, hasta la libertad de prensa “bajo ataque”. Además de las acciones “ilegales” de cuerpos de seguridad del Estado, entre otros derechos vulnerados por la administración de Nicolás Maduro.
El documento está en manos de Esmeralda Arosamena, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y José Manuel Vivanco, director Human Rights Watch. Además, también lo entregó a Ángela Meyer, directora de la Fundación Robert Kennedy y a Geoff Ramsey, director de Washington Office on Latin America (WOLA).
Se trata de un compendio donde Prado plasmó datos de la sociedad civil y de organismos internacionales en materia de derechos humanos.
“Ante el aumento de violaciones de DD.HH. y la ausencia de respuestas, se ha trabajado en documentar y activar los mecanismos de protección disponibles que permitan proteger y garantizar efectivamente los derechos de los venezolanos”, señala el escrito.
El informe
El documento destaca los altos índices de pobreza, la inseguridad alimentaria, la escasez de agua y servicios básicos. Habla de la precariedad en la atención deficiente a la pandemia, la “desnutrición” de los presos, y los homicidios y feminicidios.
En el informe se reseña que la pobreza en Venezuela se ubicó en 94,5% y la pobreza extrema alcanzó 76,6%. Se señala que la inseguridad alimentaria se redujo de 6,6% a 5,8%. Sin embargo, la inseguridad alimentaria leve tuvo un ascenso a 34,5%.
Sobre los servicios públicos, el documento destaca cifras del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. La ONG denuncia que únicamente 24,9% de los venezolanos recibe agua potable sin restricción alguna. Mientras que 56% de los entrevistados catalogaron de forma negativa el servicio eléctrico.
Asimismo, resalta que el Observatorio Venezolano de Prisiones reveló que durante el primer semestre de 2021, fallecieron 170 personas privadas de libertad en las cárceles y centros de detención preventiva del país, 72% de las muertes se asociaron a condiciones de salud, principalmente: desnutrición y tuberculosis.
Con la información recabada, Prado concluyó que “lo que se vive en Venezuela es la crisis más grave en los últimos 25 años. La falta de un Estado de derecho y democrático ha abierto paso a actuaciones y omisiones que se evidencian en todo el territorio nacional”.
