Un militar y una ingeniero fueron designados para estudiar el caso. La misma profesional de la construcción firmó la revocación del documento de compra venta del apartamento en La Tahona
Dos presuntos funcionarios del Ministerio de Hábitat y Vivienda fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República, después de que supuestamente fuese vendido de manera fraudulenta y en dos oportunidades un apartamento en la urbanización Terrazas de La Tahona, en Caracas.
Marisela Amundaray dice que su vida ha sido un calvario después de que descubrió que los ahorros de su vida y los aportes de su esposo para conformar un patrimonio para la hija de ambos se desvanecieron. Dice haber pagado la totalidad del apartamento, pero por un problema de salud no pudo protocolizar los documentos; aquí comenzó su padecimiento.
La historia
Marisela junto a su esposo compraron un apartamento en el complejo residencial Terrazas de La Tahona en el 2007. Dice que realizaron todas las diligencias y pagos necesarios para la adquisición.
Hubo problemas por estafas inmobiliarias con la constructora y los vecinos se organizaron. Su problema fue resulto en el 2010, cuando el entonces presidente Hugo Chávez Frías decidió dictar una medida de prohibición de enajenación y gravamen de los apartamentos.
Comenzó un proceso de legalización y se logra una junta interventora entre los vecinos y funcionarios de vivienda. Para ese momento Marisela Amundaray y su esposo obtienen de manera legal los documentos notariados que los acreditan como los dueños únicos del apartamento.
En el 2017 se hace un acto protocolar en donde les entregan las llaves del apartamento a todos los propietarios, incluyendo a la denunciante y su esposo. Para ese momento dice Amundaray que ya habían cancelado la totalidad del inmueble al Banco Occidental de Descuento. Incluso, ya pagaban hasta condominio.
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En el 2018 se realiza un acto de protocolización del inmueble ante un registro. La pareja es llamada a dicha protocolización pero el día del evento Marisela estaba entrando a una sala de operación por un problema con sus caderas. Dice que a pesar de los informes médicos no pudo protocolizar.
Fatídico marzo
Cuenta Marisela que en marzo del 2021 recibe la llamada de un vecino alarmado, quien le indica que su apartamento estaba siendo habitado por una mujer.
De inmediato acude a las residencias con documentos en mano y se encuentra que la cerradura la cambiaron. Se dirige a la administradora y es allí donde le dicen que ella no es la propietaria. Le informan que la mujer que habita el inmueble tiene papeles de compra venta y protocolizados ante la Inmobiliaria Nacional.
Conversa con el ministro y los funcionarios
Marisela Amundaray asevera que logró tener una audiencia con el ministro de Hábitat y Vivienda, Hildemaro Villarroel, a quien le contó sobre la dubitación de sus documentos y el incidente con su apartamento.
Villarroel dijo no conocer su caso, sin embargo, le pidió su contacto ya que “una comisión especial” la entrevistaría y le buscarían una solución al problema.
Al día siguiente es citada -según Amundaray- a la Inmobiliaria Nacional, donde la atiende un mayor del ejército venezolano de nombre Robín Guevara. En la misma reunión participa otra funcionaria identificada como la ingeniero Deniser Roa. Vale acotar, que según Amundaray no le permitieron ingresar a la reunión con su abogado.
La mujer sale del conversatorio esperanzada, ya que los funcionarios supuestamente le comentaron que “no conocian su caso”, pero le prometieron investigar.
Al pasar de los días no había respuesta. Nada de contactos. A Marisela se le ocurre acudir al registro principal de El Hatillo y allí se encuentra con que su apartamento es vendido en dos oportunidades. En los documentos de compra venta aparece el nombre de la ingeniero Deniser Roa, como Directora de Gestión de Hábitat y Vivienda. La misma funcionaria con la que se reunió días atrás y que le dijo “no tener conocimiento alguno sobre su caso”.
Además, su documento de compra-venta lo revoca la propia ingeniero Roa.
Aparece la Fiscalía
Cuenta la mujer que interpone la denuncia respectiva ante la Fiscalía 47 del Ministerio Público, donde la atienden diligentemente y comienzan con la averiguación. Desde dicho despacho supuestamente han enviado dos oficios solicitando una explicación a los funcionarios y al propio ministerio, pero hasta los momentos no han respondido.
Amundaray asevera tener todas las pruebas, documentos, pagos, cartas y testigos que certifican que es una de las fundadoras del Complejo Residencial Terrazas de La Tahona. Hasta marzo de este año pago de manera consecutiva el condominio y dice no tener deuda alguna sobre el apartamento. Incluso, manifiesta tener carta de cancelación de deuda del banco.
“Yo lo único que le pido es al ministro Villarroel, a Nicolás Maduro; que me devuelvan el apartamento que es el único patrimonio que le dejaré a mi hija. Le pido al fiscal Tarek William Saab que se pronuncie”, dice Amundaray.
Dato a evaluar
Según Amundaray, un días después de sostener la reunión con los emisarios del ministro Villarroel, fue sacada del pago de condominio del apartamento y ahora aparece como propietaria una mujer de apellido Croes, quien al parecer es quien habita el inmueble que dice Amundaray es de su propiedad.
