A oficiales colombianos les imputaron los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público
Tres oficiales del ejército colombiano fueron...
Ante las violaciones de los DD.HH. y las denuncias ante instancias internacionales como la ONU y la CPI, la administración de Nicolás Maduro, emitió un decreto que trae consigo una nueva estrategia para calificar a los presos políticos como delincuentes comunes.
La dirigente opositora, Delsa Solórzano abogó por los presos políticos militares. A través de sus redes sociales, Solórzano, recordó a la alta comisionada para los DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, que su deber es la protección precisamente de quienes son violentados.
Lilia Camejo, directora ejecutiva de la ONG Justicia Venezolana, cuestionó la transferencia de los presos políticos a penales ordinarios. Su rechazo es mayor, cuando se trata de la transferencia de los 140 militares presos por razones políticas.
La ONG Foro Penal pidió este jueves la excarcelación del teniente coronel Ruperto Sánchez, quien ya cumplió su pena. La ONG considera que Sánchez como preso político, acusado de instigación a la rebelión militar.
"El retardo procesal se ha convertido en la máxima de los juicios a presos políticos militares en Venezuela. En algunos casos se llega hasta 750 días sin impartir justicia". La denuncia la hizo el director de la ONG Justicia Venezolana, Yonathan Mustiola.
La ONG Justicia venezolana alerta que los 260 militares presos pos motivos políticos corren el mismo riesgo de contagiarse de coronavirus que los presos comunes a quienes el régimen a beneficiado con medidas de libertad
"La Alta Comisionada, no solo no dice nada de lo que está sucediendo en esos sótanos de tortura, sino que hasta alaba a la Fiscalía. Bachelet no solo perdió mi confianza, también mi respeto", afirmaron
