Para el coordinador de Provea, Marino Alvarado, el diálogo debe servir más que para lograr condiciones electorales
Más allá de lo positivo que pueda ser que finalmente el oficialismo y la oposición hayan comenzado el diálogo, el resultado del acercamiento es lo que interesa. Y es que para el coordinador de la ONG, Provea, Marino Alvarado, lo importante es que esta negociación redunde en beneficios para la población venezolana. De eso, a su juicio, dependerá la legitimidad de este proceso.
“Si el norte de ese diálogo no es pensar y lograr avanzar en medidas concretas en beneficio de la población, poca legitimidad tendrá y generará mayor desesperanza”, alertó Alvarado.
Sostiene que “el conflicto venezolano necesita salidas pacíficas y en el marco de la Constitución”. Y argumentó que “en la historia de la humanidad se ha evidenciado que aún en las más intensas confrontaciones, hay momentos en que las partes establecen vías de diálogo para el cese de las hostilidades”.
No obstante, alertó que el diálogo “no significa necesariamente el cese de la confrontación. Puede garantizarse que sea canalizada de manera diferente. Esto, a través del mutuo reconocimiento y avanzando en algunos compromisos básicos de actuación conjunta”.
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Circunstancias diferentes
Marino Alvarado considera, en un artículo de opinión, que este proceso tiene algunas diferencias con los que se intentaron anteriormente. “Este se da en un contexto nacional muy diferente. Y ello le da una particularidad muy distinta que no pueden obviarse en cuanto a las expectativas y exigencias que desde la sociedad civil debemos presentar a las dos partes”.
Agrega que “las discusiones se producen en un contexto en el cual el país padece una emergencia humanitaria compleja. A tal nivel que se ha requerido la necesidad de un auxilio mediante la ayuda humanitaria aportada por la ONU, gobiernos y otras instituciones internacionales”.
Destaca que son “millones de familias en situación de pobreza, millones de personas pasando hambre. También altos niveles de desempleo, salarios miserables y un caos generalizado en los servicios públicos: Sumado a la crisis extendida y continuada en materia de salud y educación”.
A ello “hay que agregar los altos niveles de inflación y el deterioro de la capacidad productiva del país. Todo, incluyendo la industria petrolera e inseguridad jurídica para la inversión nacional o extranjera”.
Para el directivo de Provea, “las conversaciones se dan igualmente en un contexto de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Tanto que se constituyen en crímenes de lesa humanidad”.
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Bajo la lupa
No en vano, “mientras en México se dialoga, continúan realizando su trabajo la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional”, recordó.
Dijo que estas instituciones “se enfocan en evitar que haya impunidad ante los crímenes perpetrados. Una expresión de esos crímenes son los más de 250 presos políticos. Además de miles de personas sometidas a procesos penales por disentir. Así como miles de ejecuciones extrajudiciales realizadas por policías y militares”.
“Todo ello con unsistema de justicia de espaldas a los derechos de la gente, al servicio de la persecución por motivos políticos y garante de impunidad”, remarcó.
Alvarado resalta que este “diálogo se realiza en medio de una emergencia nacional de salud por la COVID-19. Emergencia que cobra cada mes cientos de vidas y sin ninguna voluntad de las autoridades en plan serio de vacunación masiva. Se sigue manejando la pandemia con criterios excluyentes que impiden sumar todas las capacidades posibles para una respuesta adecuada”, alertó.
Más allá de las elecciones
En este contexto, Marino Alvarado cree que “centrar las conversaciones y posibles acuerdos electorales es dejar de lado a millones que les gustaría votar. Pero su preocupación fundamental es lograr al menos una comida diaria”.
Cree que sería “dar la espalda a miles de familias que también les gustaría participar en algún proceso electoral, pero que luchan día a día para que se logre justicia al ser víctimas de los crímenes de lesa humanidad. Implicaría no escuchar las voces del personal de salud y de una población que aspira a ser vacunada pronto”.
En consecuencia, considera que se debe exigir a quienes dialogan “que se logren acuerdos que permitan: un plan consensuado de vacunación masiva. También facilitar el ingreso de las instituciones nacionales e internacionales con voluntad de otorgar ayuda humanitaria a poblaciones vulnerables”.
A esto se agrega “la libertad para todos los presos políticos civiles y militares y garantías para el regreso de los exiliados. Reinstitucionalización con renovación; respetando los procedimientos establecidos en la Constitución, de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Defensor del Pueblo y Fiscal General”.
Señala que se debe pedir la “desmilitarización de las labores de seguridad ciudadana. Igualmente la investigación y sanción a los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Así como lograr condiciones adecuadas para que los partidos políticos puedan participar sin obstáculos en cualquier contienda electoral y se establezca un cronograma comicial con un Consejo Nacional Electoral independiente”.
Piensa que se deben “exigir además acuerdos para adoptar medidas que permitan recuperar el salario de los trabajadores, pensiones dignas para los adultos mayores y un plan de reactivación de empleo y apoyo al sector agrícola, comercial e industrial con una ruta para frenar la inflación y aumentar la productividad”.
Finalmente, Marino Alvarado opina que se tiene que “reclamar un alto al cierre del espacio cívico y el cese a la persecución a las organizaciones de la sociedad civil. No nos conformemos con ruta electoral y condiciones para los partidos políticos. La situación del país exige mucho más”.
