En su resolución final, la SIP exige ” el cese de la persecución y ataques contra periodistas y medios. Así como la criminalización de la actividad periodística independiente”
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este viernes “la violencia sistemática de Nicolás Maduro con las libertades de expresión y de prensa”. También los ataques a periodistas y en especial al diario El Nacional, tras la reciente sentencia que le obliga a pagar 13 millones de dólares a Diosdado Cabello.
Venezuela es, junto a Cuba, Bolivia, Nicaragua y Brasil, uno de los países a los que la SIP dedicó una resolución individual. lo hizo al término de su reunión semestral para analizar el estado de la libertad de prensa en el continente americano.
La organización resolvió “exigir el cese de la persecución y ataques contra periodistas y medios. Así como la criminalización de la actividad periodística independiente” en Venezuela.
Sobre la reciente resolución del TSJ de Maduro sobre El Nacional, dijo que “es un grave atropello contra la libertad de prensa”. Agrega que es “una expoliación usando la fuerza política-judicial para usurpar a un medio de comunicación”. Busca” cercenar el derecho de acceso a la información del pueblo venezolano”, subraya.
En Venezuela, dice la SIP, “no existe independencia institucional. El Poder Judicial está sometido al poder político. El régimen continúa con su campaña sistemática para acabar con la prensa independiente”, publicó Efe.
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Violencia intensificada
Afirmar que en los últimos seis meses “Maduro intensificó la violencia y el acoso judicial contra periodistas y el periodismo independiente”. Subraya que “cerró ocho emisoras y los medios escritos que debieron migrar al espacio digital”. Los mismos “sufren bloqueos discrecionales y puntuales a través de las empresas que ofrecen el servicio de internet”.
Además, agrega, a muchos periodistas se les han iniciado investigaciones penales. “La finalidad de silenciarlos e intimidarlos”.
Para concluir, la SIP recuerda que “no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”.
