En la noche de este viernes los indígenas pemones fueron acusados de terrorismo, sus abogados denuncia que en el Rodeo II violan sus derechos
La ONG Foro Penal informó que los 13 indígenas pemones detenidos por la administración Maduro por el supuesto ataque a un batallón de infantería, fueron acusados de terrorismo.
Los indígenas pasarán ahora a la siguiente instancia del proceso que es el juicio privado de libertad y serán trasladados para evaluación médica por solicitud de sus abogados
Los 13 pemones, considerados presos políticos del régimen de Nicolás Maduro fueron acusados de terrorismo en la audiencia preliminar que se desarrolló este viernes.
Foro Penal informó sobre la situación jurídica mediante su cuenta en la red social Twitter.
El mensaje también que los presos políticos pasarán a juicio privados de libertad.
Además, serán trasladados para evaluación médica, por solicitud de sus abogados Stefania Migliorini y Olnar Ortiz Bare.
“Termina audiencia preliminar del caso donde están los 13 presos políticos de la etnia pemón. Pasan a juicio privados de libertad acusados de terrorismo, serán trasladados para evaluación médica, por solicitud de los abogados Foro Penal”, dice el tuit.
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Las condiciones de detención
La ONG también denunció que los indígenas, detenidos en diciembre de 2019 por el asalto militar al Batallón 513 de Infantería de Selva, sufren violaciones de sus derechos procesales y limitaciones de alimentación.
Además, que sus condiciones de arresto en el centro penitenciario Rodeo II en Miranda, no son las mejores.
Se sabe que han tenido síntomas de COVID-19 y problemas estomacales. Tampoco cuentan con agua ni medidas de higiene, denunció Migliorini.
“Hay un familiar que fue a visitarlos y tenían como 12 días que no les llegaba agua”, señaló la abogada, quien advirtió que en el recinto hay ratas, cucarachas y de comida solo les dan arroz con granos.
La denuncia de las condiciones se extendió a Amnistía Internacional, organismo que exigió que a los 13 pemones se les garantice un debido proceso.
“Estarían siendo procesados penalmente por un tribunal con competencia en terrorismo, sin apegarse a las disposiciones constitucionales y estándares de derechos humanos que indican la obligación de los Estados de respetar los sistemas de justicia indígenas”, dijo la organización.
