Según informe de la ONG Venezuela Centro de Justicia y Paz (Cepaz), siete niños quedaron huérfanos por estos feminicidios y uno de ellos presenció la muerte violenta contra su madre
Entre el 1 y 30 de septiembre se documentaron 30 feminicidios consumados y 11 intentos frustrados, según informe de la ONG Venezuela Centro de Justicia y Paz (Cepaz).
Esta cifra, según la organización, representa en promedio una acción contra la mujer cada 18 horas.
Según nota de prensa, “el 63,4 % de las víctimas tenían un rango de edad de 19 a 48 años y 2 de ellas estaban embarazadas”.
Los estados donde ocurrieron estos crímenes, está en primer lugar Miranda con 23,3 %; 16,7 % en el Distrito Capital (Caracas), el 10 % en Aragua y el 10 % en Sucre.
Cepaz indicó que siete niños quedaron huérfanos por estos crímenes y uno de ellos presenció la muerte violenta contra su madre.
“En el 66,7 % de los casos no se estableció la edad del agresor y el 23,3 % de los victimarios tienen edades comprendidas entre 36 y 51 años de edad”, agrega.
Destaca que en tres de los casos reportados, el agresor está presuntamente vinculado a una organización criminal.
“En cuanto a la detención del agresor, el 66,7 % están en situación de fuga. El 10 % fue aprehendido a lo largo de la investigación policial y otro 10 % mueren en el contexto de los hechos”.
“En tres de los casos, el feminicida intentó suicidarse y uno de ellos lo intentó y no lo consiguió”, precisa en el documento.
Separarse es la muerte
Con respecto a la aparente motivación del feminicidio, “el 13,3 % de los casos refiere que la víctima había decidido separarse del agresor y en 10 % se trató de venganza por parte de organizaciones criminales”.
“El 6,7 % los hechos estuvieron precedidos de un arranque de celos o alegatos de infidelidad”.
Asimismo, la organización encontró que el 36,7 % de las situaciones las mujeres mueren producto de disparos de bala, el 13 % asfixiadas o estranguladas y el 10 % acuchillada.
“La ausencia del Estado ante injusticias que cada vez se vuelven más atroces y que involucran niños que, lastimosamente, han tenido que presenciar el asesinato de su progenitora, sin pensar en el daño psicológico que esto pueda causarle a futuro”.
Criticó la ONG que en Venezuela no existan políticas públicas que garanticen la seguridad de una mujer que se atreve a denunciar.
Alegan que “en teoría, cuenta con una ley que ampara sus derechos, pero en la práctica, las condiciones de desigualdad la colocan en una situación de indefensión que termina por poner fin a su vida”.
