Los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio presentaron un proyecto de ley para frenar la explotación ilegal de oro en la región, pero sobre todo a Venezuela
Dos influyentes senadores estadounidenses presentaron un proyecto de ley para frenar la minería de oro ilegal en América Latina que, según ellos, favorece al “narco-régimen” de Nicolás Maduro, informó uno de ellos este miércoles en un comunicado.
La minería y el tráfico ilícito de oro “plantean un problema y desafío importante para la seguridad y estabilidad de nuestra región”, afirman el republicano Marco Rubio y el demócrata Bob Menéndez.
Además “beneficia financieramente al narco-régimen de Maduro en Venezuela, destruyendo ecosistemas sensibles y causando abusos a los derechos humanos en toda la región”, señala el comunicado.
“La minería de oro ilegal es una fuente financiera importante para el régimen dictatorial de Maduro y conforma gran parte del mercado internacional del oro”, afirma Rubio, citado en la nota.
Estados Unidos “debe responsabilizar a aquellos que están involucrados en esta industria ilegal y evitar que Maduro y sus secuaces obtengan más ganancias mientras el pueblo venezolano sufre dificultades inimaginables”, añade.
Lo que piden a Biden
Los senadores quieren que el presidente Joe Biden establezca una estrategia para combatir el problema, reseña AFP.
Estas actividades “no solo financian a sindicatos criminales transnacionales, sino también debilitan la selva y la biodiversidad de nuestro hemisferio, facilitan los abusos de los derechos humanos y ayudan a sostener dictaduras brutales como la de Nicolás Maduro”, afirma Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Según un informe de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, más del 70% del oro extraído en varios países latinoamericanos, como Colombia, Ecuador y Perú, se obtiene por medios ilícitos, al igual que alrededor del 80% del extraído en Venezuela, se lee en el proyecto de resolución.
De este oro venezolano un gran porcentaje se vende a la empresa minera estatal Minerven -un procesador sancionado por Washington y operado por el gobierno de Maduro- o bien a través de redes de comercialización que benefician económicamente al Ejecutivo, advierte el texto.
