jueves, marzo 28, 2024

¡SEBIN y DGCIM! La maquinaria de Maduro para reprimir a la disidencia, denuncia misión de la ONU VIDEO- IMPACTO VENEZUELA

La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU ratifica en su tercer informe que “las violaciones y los crímenes del Sebin y la Dgcim continúan hasta hoy”. También identifica a Nicolás Maduro como la cabeza de la cadena de mando que sabía de estos crímenes

“Los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos de la administración de Nicolás Maduro, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”.

Esta es la conclusión del tercer informe de la Comisión de Determinación de hechos de la ONU sobre Venezuela, presentado este martes, donde señalan especialmente al Sebin y la Dgcim de ser los organismos que conforman “la maquinaria” que usa Maduro para reprimir a la disidencia.

Además de la presentación del informe, los miembros de la misión recomiendan al Consejo de DD.HH. que les permita permanecer en el país, en el tiempo y funciones que este considere, para continuar con sus investigaciones. Estas conclusiones y recomendaciones serán entregadas al Consejo de DD.HH. de la ONU el 26 de este mes.

En el documento, la Misión “detalla las funciones y los aportes de varias personas en diferentes niveles de las cadenas de mando de estos organismos”, como responsables de estas violaciones a los DD.HH. Además, insta “a las autoridades a que investiguen sus responsabilidades y las juzguen en consecuencia”.

“Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, denunció Marta Valiñas, presidenta de la instancia de investigación de la ONU.

“Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, exigió.

Lea también: ¡PERSISTE LA IMPUNIDAD! ONG piden extender vigencia de la Misión de la ONU en Venezuela

Las entrevistas y testimonios

La Misión emitió sus conclusiones en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia. “Las entrevistas fueron realizadas tanto en persona como a distancia, mediante conexiones telefónicas o de vídeo seguras”, aclara.

Igualmente, “se analizaron los expedientes judiciales y otros documentos relacionados con los incidentes. La Misión visitó áreas cercanas a las fronteras con el país, debido a que desde su establecimiento en 2019 continúa sin poder acceder al territorio venezolano”, señala.

“Venezuela sigue enfrentando una profunda crisis de derechos humanos. Nuestros informes de hoy se refieren tan solo a dos aspectos de esta situación. Instamos a la comunidad internacional a que continúe monitoreando de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela y vigile si se están produciendo avances creíbles para asegurar una justicia imparcial e independiente, que garantice la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos”, dijo Valiñas.

Maduro a la cabeza de la cadena de mando

Una de las conclusiones del informe es que está clara la cadena de mando en la comisión de los delitos de lesa humanidad.

“Las pruebas recabadas durante las investigaciones permitieron sostener, con motivos razonables para creer, que el Presidente (Nicolás Maduro) tenía conocimiento de las violaciones y delitos y que en ocasiones daba órdenes al Director General y a los Directores de otras unidades del Sebin”, señala.

“Información interna fiable indica que el Presidente tiene un círculo íntimo de asesores de confianza, entre ellos Diosdado Cabello, Tareck Zaidan El Aissami Maddah y el Ministro del Interior, a quienes consulta para impartir esas órdenes. Las decisiones se comunican luego a la cadena de mando, lo que da lugar a la comisión de violaciones y delitos”, agrega.

Destaca que “la Vicepresidente (Delcy Rodríguez) conocía o debió haber conocido la comisión de esos delitos en el Sebin A pesar de que tenía la autoridad efectiva para hacerlo, no evitó los crímenes y violaciones ni los reprimió”.

“El Director de la Dgcim, el general Hernández Dala, depende del presidente (Maduro) y ha sido nombrado en razón de su lealtad. Existe un contacto frecuente, una estrecha relación entre ambos: el Presidente está informado de lo que ocurre en la Dgcim y da órdenes directamente al Director. Dentro de la Dgcim, los funcionarios también ocupan una posición de confianza. Son nombrados y destituidos libremente por el Director General. La prueba sugiere que el presidente tiene el poder de saltear las líneas oficiales de jerarquía dentro de la Dgcim, otorgando poder adicional a individuos específicos, como por ejemplo Granko Arteaga”, sostiene.

El documento también ofrece un análisis “más detallado del papel que desempeñan personas en distintos niveles de las cadenas de mando de ambos organismos, en la ejecución de un plan orquestado por Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición, incluso mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad”, insiste.


En los dos informes anteriores, la Misión había destacado el papel de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, “en la comisión de violaciones de los derechos humanos desde 2014, en el contexto de un ataque contra opositores al Gobierno, reales o percibidos como tales. La Misión también determinó que algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad”.

El organismo señala que ha documentado 122 casos de víctimas que “fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes del DGCIM. La tortura se llevó a cabo en su sede Boleíta, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país.

El Sebin y la Dgcim

Sobre el Sebin resalta que “ha torturado o infligido malos tratos a detenidos -entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos- principalmente en el centro de detención ubicado en El Helicoide, en Caracas. La Misión ha investigado 51 casos que ocurrieron desde 2014. El informe detalla cómo las órdenes fueron impartidas por autoridades del más alto nivel a funcionarios de menor rango”, indica.

Asevera que “tanto el Sebin como la Dgcim hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos” y reclama que “las autoridades venezolanas no han investigado ni procesado a los responsables ni han proporcionado reparaciones a las víctimas, en un contexto en el cual las reformas anunciadas a partir de 2021 tampoco solucionaron la falta de independencia e imparcialidad que aqueja al sistema de justicia”.

“Las violaciones y los crímenes del Sebin y la Dgcim continúan hasta hoy. Se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas. Varios de los funcionarios entre los investigados por la Misión siguen trabajando para estos organismos y en algunos casos han sido ascendidos”, añade.

“El análisis de la Misión detalla, en definitiva, cómo esta maquinaria fue puesta en marcha por el presidente Maduro y otras autoridades de alto nivel como parte de un plan deliberado del Gobierno para reprimir la crítica y la oposición”, ratifica.

La impunidad y el Arco Minero

«Los crímenes de lesa humanidad, cometidos a través de los organismos de inteligencia del Estado, orquestadas por personas en los niveles más altos de autoridad, han tenido lugar en un clima de casi total impunidad. La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para que se garanticen los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación», declaró por su parte, Francisco Cox, miembro de la misión de la Misión.

Por otro lado, en el documento igualmente se denuncian los “abusos y violaciones de los derechos humanos en la región del Arco Minero”, en el estado Bolívar.

“Ante la crisis de la industria petrolera nacional, en 2016, el Gobierno venezolano estableció el Arco Minero del Orinoco como Zona de Desarrollo Estratégico Nacional para formalizar y ampliar su control sobre la extracción de oro y otros recursos estratégicos, principalmente en el estado sureño de Bolívar. Desde entonces, la zona está fuertemente militarizada, mientras que los grupos armados criminales siguen operando abiertamente, controlando las minas y las poblaciones” denuncia.

La Misión documenta “cómo actores estatales y no estatales han cometido violaciones de derechos humanos contra la población local, en el marco de la lucha por el control de las zonas mineras”.

Entre estas violaciones “figuran privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género. Las autoridades no sólo no han adoptado medidas para prevenir o reprimir estos abusos, sino que la Misión ha recibido información que sugiere una connivencia entre actores estatales y no estatales en algunas partes del estado de Bolívar”.

En el municipio Gran Sabana, al sur del estado, la Misión ha documentado en profundidad varios casos en los que las fuerzas del Estado han atacado a las poblaciones indígenas, cometiendo una serie de violaciones.

“Entre ellos, los enfrentamientos que se produjeron en 2019 tras el intento de la oposición de trasladar ayuda humanitaria a Gran Sabana desde Brasil, cuando las fuerzas estatales cometieron torturas y privaciones arbitrarias de la vida contra personas indígenas”.

“La situación en el estado de Bolívar y en otras zonas mineras es profundamente preocupante. Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro. Nuestro informe pone de manifiesto la necesidad de seguir investigando esta región que, paradójicamente, es una zona casi olvidada del país, pero, al mismo tiempo, genera una riqueza lícita e ilícita procedente de los minerales de cantidades inmensas”, declaró Patricia Tappatá Valdez, miembro de la Misión.

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