Uno de los implicados tendría denuncias en su contra por presunta tortura
Armas, funcionarios policiales involucrados y hermético silencio de los organismos no parece una simple coincidencia. Tres funcionarios del CICPC en Amazonas, fueron detenidos por llevar ocultos, en un transporte público, armas y chalecos antibalas.
La periodista Sebastiana Barraéz informó el su blog que se trata del “comisario general Alexander Gil Vásquez, jefe de la subdelegación del Cicpc del municipio Atures, la comisaria Judith Beatriz Barrios de Sánchez, delegada de Inspectoría en el mismo organismo y el funcionario Deivis Eulices Mirabal Corniel, quien presenta prontuario de varios ilícitos.
Un defensor de derechos humanos le dijo a la reportera que “el comisario general Alexander Gil está involucrado en hechos graves de torturas y asesinatos, pero nunca ha sido procesado”.
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Los hechos
El 16 de febrero 2023 en la madrugada varios usuarios de la carretera de los llanos, en el estado Guárico, se encontraron con la interrupción del tráfico por una eventualidad con un autobús Sitssa de la ruta Amazonas.
En esa unidad habían detectado a tres funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) que trasladaban armas y chalecos sin que mediara autorización oficial para ello.
Eso ocurrió en una alcabala de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); los funcionarios militares llamaron a sus superiores, quienes a su vez se comunicaron con los jefes de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), cuyo comandante se puso en contacto con la jefa estadal del CICPC.
Ninguno de los jefes policiales o militares tenía conocimiento de ese transporte de armas, deduciendo que es tráfico ilegal, por lo que detienen a los tres Cicpc.
Pasajeros de la unidad destacaron que se vieron obligados a permanecer cuatro horas estacionados en el lugar mientras se desarrolló el procedimiento. “El conductor desconocía que en ese equipaje iban armas. Los funcionarios fueron lo que informaron del contenido”.
Armas para qué
Amazonas es un estado fronterizo con presencia activa y poder de grupos irregulares, principalmente de la guerrilla colombiana, que incluso han asesinado militares e indígenas para mantener el control del territorio.
Tanto el Ejército Nacional de Liberación Nacional (ELN) como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otro apéndice de esa organización como es la Segunda Marquetalia ejerce funciones de extorsión a la población, contrabando de combustible, explotación del oro y el contrabando de armas.
El poder económico de esas organizaciones es muy grande y por eso los asesinatos a tiros de indígenas como Virgilio Trujillo Arana, del pueblo indígena Hüotüja, o la desaparición del líder indígena Wilberto Ángel Camico Menare, no han sido resueltos.
Organizaciones como Kapé Kapé, Fundaredes o SOS Orinoco, han denunciado gran cantidad de hechos irregulares de los grupos armados contra indígenas y población fronteriza, pero las autoridades poco responden a esas peticiones de justicia.
La Constitución de Venezuela establece, en el artículo 324, que “sólo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. Todas las que existan, se fabriquen o se introduzcan en el país pasarán a ser propiedad de la República sin indemnización ni proceso. La Fuerza Armada Nacional será la institución competente para reglamentar y controlar, de acuerdo con la ley respectiva, la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos”.
Si bien es cierto que los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Cinetíficas Penales y Criminalísticas están habilitados para portar armas de reglamento, no lo están para llevar un lote de armas, además de manera tan irregular, en una unidad de transporte público.
Días después de lo sucedido en Guárico con los comisarios y las armas en el autobús, llegó a Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, una comisión enviada desde Caracas para abrir una investigación a los dos comisarios, pero la información de lo ocurrido se ha mantenido de manera muy hermética.
