Luego de cuatro meses del inicio de las investigaciones por corrupción desde PDVSA y Sunacrip se conoce el monto de la cifra desfalcada que asciende los $5.500 millones, por lo que serán enjuiciadas al menos 22 personas
La cifra aumentó, pese a que nunca hubo confirmación de un monto exacto, desde que comenzaron las investigaciones se manejaba que lo robado de la producción petrolera durante el último año esta acerca de los 3.300 millones.
Sin embargo, según datos proporcionados por la Fiscalía en el documento interpuesto ante el Tribunal Especial 2º de Control de Caracas con competencia en Corrupción y Delitos Asociados, el desfalco ascendió a $5.550.544.290,74, por los que se ha ordenado el enjuiciamiento de 22 personas detenidas por la justicia venezolana.
De acuerdo al escrito, este grupo de personas participaban de “una red de corrupción conformada por funcionarios públicos, que valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas, a través de la asignación de cargas de crudo por parte de Pdvsa a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a particulares, sin ningún tipo de control”.
Esta mil millonarias cifra se habría originado de las ventas de ese petróleo que no ingresó a la República, sino que se desvió a través de criptoactivos y negocios ejecutados por 74 sociedades mercantiles.
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Detalles del documento
Se pudo conocer que el documento también detalla que los funcionarios no reportaban a las cuentas de Pdvsa los pagos por concepto de las asignaciones de estaciones de servicio y de las cargas de crudo.
Por el contrario, las empresas administradoras conciliaban directamente en las direcciones a cargo de estos imputados, a través de depósitos bancarios, plataforma Patria y efectivo.
Por si fuera poco, se autorizó la emisión de pagos a contratistas sin efectuar el debido registro permitiendo así que terceros se apropiaran de recursos del Estado venezolano, según el Ministerio Público
De igual forma, en otro documento interpuesto por la Fiscalía devela se solicitó el enjuiciamiento de Cristóbal Cornieles y José Maxcimino Márquez García, expresidente del Circuito Judicial Penal Caracas y ex juez 4º antiterrorista. Ambos acusados de obtener dádivas por favorecer la liberación dictada a favor de Oswaldo Cheremos, catalogado como socio del Tren del Llano.
